Castilla y León ultima los preparativos para las elecciones autonómicas de este 15 de marzo, en las que están llamadas a las urnas casi 2,1 millones de personas. La organización del proceso electoral comenzó antes del pasado verano, lo que ha permitido planificar con antelación un operativo de gran complejidad técnica y organizativa. La correcta ejecución del proceso se sustenta en planificación rigurosa, cumplimiento de plazos legales y coordinación interna entre los distintos órganos de la Administración autonómica, además de la colaboración con otras administraciones implicadas.
El dispositivo electoral involucra a la Consejería de la Presidencia, la Dirección General de Relaciones Institucionales, la Secretaría General, las delegaciones provinciales, la Administración electoral, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ayuntamientos, el Instituto Nacional de Estadística, Correos y otros organismos públicos. Castilla y León representa un desafío organizativo singular, al ser la comunidad autónoma más extensa de España, con más de 95.000 km², 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores. Este contexto exige un despliegue logístico y humano capaz de garantizar la cobertura integral del territorio y asegurar el ejercicio efectivo del derecho al voto por parte de toda la ciudadanía.
En cuanto a datos de censo, la población de Castilla y León asciende a 2.398.500 personas, de las cuales 2.097.768 tienen derecho a voto. El censo de residentes incluye 1.917.546 electores, con 81.890 nuevos votantes desde las elecciones autonómicas de 2022. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 electores, incorporando 20.143 nuevos ciudadanos desde 2022. En total, Castilla y León contará con 102.033 nuevos votantes para los comicios del 15-M.
Para garantizar el derecho al sufragio, se han previsto 301 rutas de transporte para el traslado de votantes. Además, se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual.
