La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) han acordado hoy por unanimidad en el seno del Consejo Agrario de Castilla y León seguir trabajando conjuntamente en la defensa de los intereses del sector agroalimentario de la Comunidad ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
El documento consensuado pone de manifiesto la necesidad de que “los agricultores y ganaderos de la Comunidad compitan en igualdad de condiciones”, como ha defendido la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.
El texto, que será remitido al Gobierno de España y a las instituciones europeas competentes, recoge que sólo se apoyará el acuerdo UE-Mercosur “si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, con control y trazabilidad”.
Igualmente, se reclaman “salvaguardas reales, efectivas e inmediatas, activables sin demora ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios, incorporando compensaciones operativas cuando proceda”. A la vez, se considera necesario reforzar los controles en frontera y realizar inspecciones en terceros países “para garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras”.
Un sector esencial
El texto detalla que el sector es un pilar esencial de la economía, el empleo y la cohesión territorial de la Comunidad y su actividad debe desarrollarse en un marco de “competencia leal, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, social y medioambiental”.
La Junta y las OPAS lamentan que el acuerdo UE-Mercosur no se haya explicado “ni en profundidad ni con la transparencia debida” pese a las solicitudes realizadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que tanto las comunidades autónomas como el propio sector conociesen con claridad “su alcance, condiciones y consecuencias”.
En cambio, el acuerdo “ha generado preocupación por su potencial impacto sobre producciones relevantes de Castilla y León”. En este sentido, se solicita un análisis detallado del impacto del acuerdo desagregado por producciones y territorios, con especial atención a los sectores más vulnerables de la Comunidad.
González Corral ha recordado que en mayo del año pasado Junta y OPAS firmaron una declaración institucional sobre la futura PAC 2028-2034 en la que ya se reivindicó el principio de reciprocidad en los futuros acuerdos con terceros países, además de defender un Marco Financiero Plurianual fuerte con el mantenimiento de la actual estructura de dos pilares (fondos FEAGA y FEADER) y un incremento del presupuesto. En este nuevo acuerdo también se vincula la defensa del sector y el acuerdo UE-Mercosur a la negociación de una nueva PAC “sólida y sin recortes”.
Ayuda a la recogida de leche
Por otro lado, González Corral también ha anunciado que la Consejería está redactando las bases de una nueva ayuda a la recogida de leche en las explotaciones en la zona de montaña. Las ayudas se dirigirán a los primeros compradores de leche cruda “para paliar el incremento de costes que pueden sufrir en estas zonas y, de este modo, no se repercuta a los ganaderos”.
