El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el nombramiento de los nuevos secretarios generales de las distintas consejerías tras la constitución del nuevo Ejecutivo autonómico, en una decisión que consolida la reorganización de la estructura administrativa de la Comunidad.
Estos nombramientos, realizados a propuesta de cada consejería, afectan a los órganos que desempeñan funciones clave de apoyo a la gestión, coordinación interna e impulso de la acción administrativa, garantizando el funcionamiento ordinario de cada departamento del Gobierno autonómico.
Los nuevos secretarios generales pasarán a integrarse en la Comisión de Secretarios Generales, órgano institucional adscrito a la Consejería de la Presidencia y encargado de preparar las reuniones del Consejo de Gobierno, analizando previamente los asuntos que serán sometidos a deliberación y aprobación.
Entre los nombramientos aprobados figuran, en la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández Martín; en Economía y Hacienda, José Ángel Amo Martín; y en Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Saturnina Moro Malmierca.
También se incorporan nuevos responsables en áreas estratégicas como Medio Ambiente y Energía, con Laura Durántez Palazuelos; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, con Natalia Flórez Loranca; o Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, con Mercedes Buendía Buendía.
En el ámbito social y educativo, la estructura se completa con Israel Diego Aragón en Sanidad y Bienestar Social, María del Valle Ares González en Educación y Marta Álvarez Palenzuela en Cultura, Turismo y Deporte, además de Santiago Díez Martínez en la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
La Junta subraya que la Comisión de Secretarios Generales actúa como un instrumento de coordinación técnica y administrativa, asegurando que los expedientes de las distintas consejerías lleguen al Consejo de Gobierno con el nivel adecuado de coherencia y preparación.
En paralelo, el Ejecutivo autonómico mantiene la actividad de la Comisión General de Coordinación Territorial, integrada por los delegados territoriales en las nueve provincias de la Comunidad y adscrita también a la Consejería de la Presidencia.
Este órgano tiene como objetivo reforzar la ejecución homogénea de las políticas públicas en todo el territorio, facilitando la coordinación entre la Administración autonómica y la realidad provincial, así como el seguimiento de asuntos de interés general en cada provincia.
La permanencia de ambas comisiones dentro de la Consejería de la Presidencia refuerza el papel de este departamento como eje de coordinación institucional y territorial del Gobierno autonómico.
