La Junta de Castilla y León ha recordado a los titulares de instalaciones receptoras de gas que deben realizar inspecciones periódicas obligatorias cada cinco años, tal como establece la normativa de seguridad industrial. Estas revisiones son esenciales para garantizar la seguridad de las instalaciones, prevenir accidentes y proteger a personas, bienes y el medio ambiente.
Las inspecciones, que pueden ser realizadas por empresas instaladoras habilitadas o por los propios distribuidores de gas, incluyen la verificación de estanquidad, ventilación, estado de conservación y funcionamiento seguro de los aparatos conectados. En caso de detectar anomalías graves, como fugas, se interrumpe el suministro hasta su corrección.
El procedimiento de inspección depende de la elección del titular:
Si la inspección la realiza una empresa instaladora habilitada:
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Resultado favorable: se emite un certificado de inspección entregado al titular y al distribuidor.
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Resultado desfavorable: se genera un informe de anomalías con plazo máximo para su corrección; la empresa que realizó la inspección no puede realizar las reparaciones.
Si la inspección la realiza el distribuidor:
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Resultado favorable: se emite el certificado correspondiente.
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Resultado desfavorable: se entrega un informe de anomalías con indicación del plazo para su corrección, y si hay anomalías graves, se interrumpe el suministro y se precinta la instalación o el aparato afectado.
La Junta recuerda que la no realización de estas inspecciones puede derivar en sanciones, y aconseja a los usuarios mantener actualizados los certificados de inspección para garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y la seguridad de todos los ocupantes.
