l Consejo de Gobierno de Castilla y León, en su sesión del 23 de octubre de 2025, ha dado luz verde a un nuevo decreto ley que moderniza el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales. La norma establece un modelo basado en la profesionalización, la estabilidad laboral y el reconocimiento oficial de los trabajadores, consolidando un operativo plenamente público y eficaz.
Uno de los principales ejes de la reforma es la transformación del dispositivo en un sistema activo durante todo el año, superando el modelo estacional centrado en las campañas de verano. Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará las Relaciones de Puestos de Trabajo de funcionarios y personal laboral, con un incremento de coste ya contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026.
Con esta modificación, los empleados públicos no solo se ocuparán de la extinción de incendios, sino también de tareas de prevención activa, mantenimiento de infraestructuras, vigilancia forestal y restauración del entorno tras los fuegos. La disponibilidad permanente permitirá además su intervención en emergencias de protección civil, ofreciendo una respuesta rápida y profesional ante cualquier situación de riesgo.
El decreto contempla la conversión de contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa, garantizando estabilidad y continuidad en la planificación de campañas. Entre las novedades figura la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, que permitirá la integración voluntaria de funcionarios del Subgrupo C1 con mejores condiciones laborales, carrera profesional y retribuciones.
Asimismo, se impulsa la funcionarización del personal laboral en la categoría de Celador de Medio Ambiente y su promoción interna a agentes medioambientales, reforzando la estructura pública del dispositivo. La norma reconoce oficialmente la figura del Bombero Forestal para funcionarios y personal laboral, incluyendo mejoras profesionales, complementos por especialización y riesgo, así como coeficientes reductores para acceso a jubilación anticipada.
Entre 2026 y 2028, el decreto prevé que todo el dispositivo pase a tener carácter público, reservando solo algunos servicios de alta especialización al sector privado, como medios aéreos o maquinaria pesada. Esta transición también está contemplada en los presupuestos del próximo año.
El cambio se acompañará de un plan de formación continua y especializada, coordinado por la Escuela de Administración Pública y el Centro para la Defensa contra el Fuego de León. Con estas medidas, cerca de 2.200 empleados públicos se beneficiarán directamente, consolidando un dispositivo más moderno, profesional y justo en Castilla y León.
