La Junta de Castilla y León considera que el Gobierno central debería haber esperado a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional antes de sacar adelante la Ley del aborto. Al tiempo, considera que esta Ley es una cortina de humo que busca desviar la atención de la ciudadanía de los problemas que "realmente les afectan e interesan".
En esta línea se ha pronunciado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Carriedo ha precisado que, "si bien no conocen el contenido concreto de la norma", sí que poseen una "opinión clara" al respecto: "Hubiera sido bueno esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional para esperar a que la ley tuviera todas las garantías. Entendemos que el que se haya acelerado por parte del Gobierno este asunto tiene más que ver con evitar que la sociedad hable de lo que verdaderamente le está preocupando en este momento, que es la dificultad para llegar a fin de mes, los problemas económicos y la imposibilidad de un Gobierno de poder gobernar con normalidad y con apoyo parlamentario si no fuera contando con los partidos con los que está contando actualmente".
En este sentido, el portavoz de la Junta recuerda que hay una sentencia pendiente de resolución, por lo cual la normativa aún no tiene todas las garantías constitucionales. Además, considera que un tema de "tal sensibilidad" es candidato a posicionarse como una "cortina de humo" para tapar los problemas de la ciudadanía.
El portavoz de la Junta ha tenido que responder a varias preguntas y repreguntas en este sentido tras las palabras pronunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre la Ley del aborto en las que aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "va a tener enfrente" en esta materia al Gobierno de la Junta de Castilla y León.
En este sentido, Carriedo no ha entrado en si el líder de Vox en la región se ha precipitado al hablar en esta materia en nombre del Ejecutivo regional y ha asegurado que si "hubiera un Gobierno de España que se dedicara a los problemas reales de la gente nos tendría a favor, pero en este momento lo que hay es un Gobierno preocupado en otras cosas".
Tendréis a la Junta de Castilla y León enfrente. https://t.co/wpYNpiklwo
— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) May 17, 2022
El portavoz ha tenido que precisar sus palabras ante la intervención de una de las periodistas presente en la rueda de prensa: ¿O sea que no es un problema real que haya menores que tengan que depender de lo que decidan sus padres sobre un embarazo? ¿No es un problema real que las mujeres con dolores menstruales cambien su forma de baja y la asuma por entero la Seguridad Social".
A esta repregunta, Carriedo se ha apresurado a asegurar que se tratan de cuestiones importantes y que preocupan hoy como hace tres meses "cuando se estaba a la espera del Tribunal Constitucional, y hace tres meses no se sacó adelante porque el Gobierno no tenía los problemas que tiene hoy. Esa es la percepción que tiene una gran parte de Castilla y León y de España: que el Gobierno utiliza materias muy sensibles para ocultar su incapacidad para gobernar y para solucionar los problemas reales de la gente".
En este sentido, el portavoz ha asegurado que con ello el Ejecutivo central logra que apuestas importantes como la anunciada hoy mismo por la Junta no hablen de los problemas reales. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un importe de 7,2 millones de euros para la gestión informática de servicios hospitalarios de radiología y cuidados de Enfermería y otros tres millones de euros del servicio de atención de las llamadas al Centro de Emergencias 1-1-2 que permite dar continuidad al servicio.
Carriedo ha cerrado el turno de preguntas en torno a este tema al resumir en tres los puntos que defiende la Junta en torno a este tema: "Creo que es necesario esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y no se ha esperado. Creo que sería bueno que se diera la oportunidad a los padres de acompañar a sus hijas en esos momentos tan complicados y en esa toma de decisión y es equivocado que se excluya a los padres de esa decisión y creo que es equivocado que se utilice una cuestión moral y ética como esta para ocultar el día a día de un Gobierno incapaz de tener cuestiones positivas para España".
