Des este jueves, 1 de junio, se hace efectiva la recuperación de la jornada de 35 horas entre el personal funcionario de la Junta de Castilla y León. La medida acordada con CSIF, UGT y CCOO se aprobó por Decreto Ley a finales del mes de febrero, si bien no ha sido hasta hoy cuando ha arrancado su reimplantación tras una dura lucha sindical para recuperar este y otros derechos perdidos.
La situación afectará a prácticamente todos los sectores a excepción de Educación que comenzará a aplicarse con el inicio del nuevo curso escolar 2023/2024m mientras que en el ámbito de la Sanidad también establece en base a sus particularidades. De esta manera se establece como jornada obligatoria para empleados públicos el cumplimiento de un horario de 9 a 14.00 horas o bien entre las 7.30 y las 9.00 y de 16.30 a 18.00 como alternativa que permita facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
La medida afecta a 90.000 empleados públicos de la administración regional, con lo que su jornada semanal se verá reducida en 2,5 horas, ya que actualmente se sitúa en las 37,5 horas. De esta manera se retoma el acuerdo dictado en 2017 entre los sindicatos y el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pero que únicamente se implantó durante un breve periodo de tiempo hasta 2012.
La aplicación de esta reducción de jornada y el consecuente fortalecimiento de la plantilla de funcionarios para asegurar que la reducción no redunde en una merma en los servicios y atención ha supuesto un refuerzo dotado con 35 millones de euros por parte del Ejecutivo regional.
La medida mantiene, no obstante, la posibilidad de la jornada de dedicación especial de duración superior en los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación.
Pese a ello, el sindicato UGT en Castilla y León mantiene la vista puesta en negociar la extensión y/o adaptación de esta reducción de jornada para aquellos colectivos que tienen una atención directa.
