La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, asegura que la Junta está conforme con la decisión de la Fiscalía General del Estado de requerir a todos los fiscales de España que atiendan el total de investigaciones y diligencias interpuestas por familiares de usuarios fallecidos por Covid y garantizar así que sus voces sean escuchadas.
Blanco matiza en cambio que su Consejería ha mantenido una conversación constante con las familias de las víctimas mortales por la Covid en los centros de mayores durante la pandemia y asegura que todas las investigaciones abiertas en Castilla y León "ya se han cerrado" y los familiares informados. Algo sobre lo que inciden especialmente la Fiscalía que vela por el derecho a que los familiares de las víctimas sean correctamente informados sobre los procedimientos en curso y posteriores resoluciones.
De esta manera Blanco apoya la gestión del Ejecutivo autonómico en una resolución que da un mes de plazo a las fiscalías para que recaben y remitan toda la información disponible acerca del número de diligencias de investigación en cada comunidad, así como de las denuncias y querellas interpuestas y los procedimientos judiciales en tramitación hasta el 30 de septiembre de este año. Los datos, además, deberán actualizarse trimestralmente.
Una comunicación que Blanco asegura que también se ha dado entre la Consejería de Familia y la Fiscalía, añadiendo que la Junta "nunca ha tenido ningún problema en facilitar datos" y que durante la pandemia se ha producido una actualización diaria de los datos que ahora se solicitan a nivel nacional.
Según los cálculos realizados por el Gobierno, más de 34.000 personas que vivían en esos centros han fallecido a causa del coronavirus, de ellos 3.364 en Castilla y León y 307 en la provincia de Zamora según los datos portados por la Junta.
