CSIF de Castilla y León ha exigido la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, por lo que consideran una gestión “negligente y temeraria” de los incendios forestales que han arrasado la Comunidad durante este mes. La organización sindical acusa al titular de Medio Ambiente de mantener un modelo “flexible” de operativo anti-incendios que califican de “fallido, fracasado e insuficiente”, tras unas semanas en las que más de 150.000 hectáreas han quedado devastadas, según los datos del programa Copernicus.
En una comparecencia ante los medios, Agustín Argulo, presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, y Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical, trasladaron la indignación del colectivo y denunciaron que la Junta “abandonó hace tiempo” a los trabajadores del operativo. Ambos reclamaron la dimisión inmediata del consejero y del director general de Patrimonio Natural, a quienes acusan de haber actuado de espaldas a los profesionales y de incumplir los protocolos establecidos.
Los datos aportados por CSIF son “demoledores”: más de 150.000 hectáreas arrasadas en solo 15 días; evacuaciones masivas en docenas de localidades; tres personas fallecidas y varios heridos; además de daños graves en reservas de la biosfera, parques nacionales, espacios naturales protegidos y zonas Patrimonio de la Humanidad. El sindicato asegura que el coste de la extinción de esta oleada de incendios alcanza los 2.000 millones de euros, mientras que la inversión de la Junta en prevención apenas llega a 75 millones.
Según CSIF, desde la llegada de Suárez Quiñones en 2015 se ha producido un progresivo desmantelamiento del operativo público. Denuncian que más de la mitad del dispositivo se ha privatizado, que los trabajadores operan en condiciones precarias, que se han recortado más de 1.300 guardias a los agentes medioambientales y que se han sustituido puestos de vigilancia por cámaras “que no funcionan o lo hacen mal”.
La organización sindical recuerda que estas denuncias no son nuevas y que ya se habían advertido tras incendios como los de Navalacruz (Ávila, 2021) o Sierra de la Culebra (Zamora, 2022). Como ejemplo, señalan el incendio de Llamas de la Cabrera, en León, donde con un perímetro de 100 kilómetros apenas trabajaban un centenar de efectivos en los primeros días, hasta que llegaron brigadistas de otras comunidades y países.
Durante su intervención, Sara Mateos denunció que el operativo “colapsó desde el primer momento”, dejando a muchas localidades desatendidas y obligando a los vecinos a combatir las llamas “con cubos de agua y mangueras de jardín”.
CSIF reclama un operativo público 100%, activo todo el año, con medios materiales y personales suficientes, con la creación de plantillas estables de bomberos forestales y con una apuesta decidida por la prevención. Además, insiste en la necesidad de aprobar la ley de agentes medioambientales en tramitación y de elaborar planes de protección específicos para la población y la fauna.
El sindicato asegura que Suárez Quiñones “ya no es un interlocutor válido” y que solo su dimisión o cese permitiría recuperar la confianza y replantear el modelo de lucha contra los incendios en Castilla y León.
