La Junta de Castilla y León ha iniciado el desmantelamiento del operativo contraincendios en el que califican como el peor año de la historia, con el despido —de momento— del 30 % del personal, justo cuando el riesgo de incendios se ha rebajado de alto a medio pese a que persisten las altas temperaturas y la falta de lluvias.
Desde CSIF denuncian que este desmantelamiento llega acompañado de “una actitud de hipocresía descarada sin precedentes que no vamos a apoyar y de la que no seremos cómplices”, al tiempo que acusan al Gobierno autonómico de mantener una estructura precaria que limita la operatividad. “Hay material que deja de funcionar y la operatividad se reduce”, advierten, criticando que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, siga en su cargo “mientras el operativo flexible se desmantela”.
El sindicato ha calificado de “propaganda electoralista” el plan de mejora anunciado por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que no contempla cambios reales en la estructura ni en las condiciones laborales. “No supone ninguna mejora estructural ni laboral que permita un operativo realmente profesional”, subrayan.
Recuerdan que este verano no hubo capacidad suficiente para extinguir los grandes incendios de agosto, y advierten que la situación se repetirá el próximo año porque no está previsto aumentar ni medios ni personal. “Parece que la Junta pretende que la ciudadanía olvide el infierno y la angustia de este verano, con fallecidos, heridos y pueblos arrasados, fruto de su mala gestión”, afirma CSIF.
En cuanto a las supuestas mejoras laborales, el sindicato señala que el Gobierno autonómico solo aplica las obligaciones impuestas por el Ejecutivo central, como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, que se traducirá únicamente en un incremento de 75 euros mensuales en concepto de peligrosidad, esfuerzo físico y toxicidad. “Esto es un insulto”, critican.
CSIF también rechaza la previsión de que el operativo alcance “naturaleza pública” entre 2026 y 2028. A su juicio, se trata de “un nuevo engaño”, ya que la Junta pretende que el personal dependa de sociedades públicas o mercantiles como Somacyl o Tragsa, en lugar de ser empleados públicos. “Un operativo cien por cien público es más económico que uno gestionado por empresas privadas que buscan maximizar beneficios”, recuerdan.
El sindicato ha denunciado además que la Junta ha tardado 17 años en cumplir el reconocimiento del Grupo B para los agentes medioambientales, y que ahora solo la mitad podrá acceder a él, excluyendo a los trabajadores con más antigüedad por falta de titulación, en lugar de aplicar fórmulas de adaptación como han hecho otras comunidades autónomas.
Asimismo, acusan al Gobierno autonómico de ignorar el Decreto de guardias de incendios, en negociación desde hace tres años, y de proponer “disparates” como tener únicamente dos agentes medioambientales por provincia —con desplazamientos de hasta tres horas para llegar a un incendio— o las denominadas “guardias low cost”.
