La aprobación este miércoles en las Cortes de Castilla y León de la nueva Ley de Publicidad Institucional ha generado una profunda preocupación entre los profesionales del sector. El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha expresado su malestar ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para modificar una normativa clave que afecta directamente a los medios de comunicación de la comunidad.
El nuevo texto legal fue aprobado con los votos favorables del PSOE, VOX y el Grupo Mixto —integrado por Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea (ex Ciudadanos)—. Por su parte, el Partido Popular votó en contra y UPL-SORIA ¡YA! optó por la abstención. Este reparto evidencia una fractura política significativa en torno a una ley que debería contar, según el Colegio de Periodistas, con un amplio consenso al tratarse de un instrumento que regula el reparto de la publicidad institucional y, por tanto, influye directamente en la supervivencia económica de muchos medios regionales.
El Colegio, que la semana pasada reunió a representantes de los principales grupos parlamentarios —PSOE, PP y Mixto— junto con numerosos responsables de medios de comunicación, había solicitado retrasar la votación o al menos consensuar las enmiendas propuestas. Sin embargo, su llamamiento no fue atendido.
“Lamentamos que se haya ignorado la necesidad de diálogo previo con todos los actores implicados”, ha afirmado la entidad colegial, que subraya que no se opone a la modificación de la ley en sí, pero considera “imprescindible” que cualquier cambio normativo se aborde de forma participada y transparente, incluyendo al propio Colegio, a los medios y al ámbito universitario.
Entre las principales preocupaciones del colectivo periodístico están las ambigüedades que contiene el nuevo texto legal. Estas podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias en la aplicación de la norma, lo que —alerta el Colegio— “puede poner en riesgo la continuidad de algunos medios y provocar despidos de periodistas”.
Ante la entrada en vigor de la nueva ley, el Colegio ha anunciado que solicitará una reunión urgente con la Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León para conocer los criterios que se aplicarán, especialmente tras el análisis jurídico que elabore el Gobierno autonómico.
Más allá del revés legislativo, el Colegio ha reiterado su compromiso con el sector y ha anunciado la celebración de nuevas rondas de reuniones con representantes políticos y medios para definir estrategias comunes que permitan afrontar los desafíos estructurales del periodismo en Castilla y León.
