CGT ha exigido la inmediata activación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León “debido a la irresponsabilidad y negligencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que se muestra ajena a la realidad del cambio climático, así como a su obstinada resistencia a emplear lo medios materiales y personales del operativo en labores prevención durante los meses de peligro bajo de incendios forestales”.
Y es que, han explicado que “se han vuelto a producir desastres ecológicos como los producidos tanto en Serradilla del Arroyo (Salamanca) el pasado año 2021 y el producido en Gavilanes-Pedro Bernardo (Ávila) en el año 2019 el cual calcinó más de 1.500 hectáreas por no tener la Junta de Castilla León activados los medios necesarios”.
“Este junio de 2022 con una sequía acuciante que se arrastra de este invierno y primavera pasadas se han producido multitud de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, destacando el desastre ecológico que se está produciendo en la provincia de Zamora, en pleno corazón de la Reserva Regional de la Sierra de la Culebra, donde desde el pasado 15 de Junio de 2022 se iniciaron por una tormenta varios focos, de los cuales se mantienen varios activos arrasando con gran virulencia una zona con un valor ecológico sin igual”, han apuntado.
De igual modo, han dicho que “todo esto es fruto de que estamos sufriendo durante la presente semana una de las mayores olas de calor de los últimos 20 años, y que por una negligente e irresponsable decisión totalmente política más de la mitad del operativo se encuentra en el paro y ni siquiera ha sido declarada la época de peligro alto a pesar de las condiciones climatológicas extremas a las que nos enfrentamos”.
“Esta insuficiencia de medios activados hace que no estuviera activado el operativo necesario para un primer ataque rápido y eficiente a la multitud de focos que se produjeron simultáneamente y que seguramente hubiera sido determinante habiendo reducido al mínimo la catástrofe a la que se está enfrentando el operativo y quizás habiendo quedado en anécdota”, han explicado.
Por ello, “esta insuficiencia de medios además provoca un sobreesfuerzo de los trabajadores que se ven obligados a emplearse por encima de sus límites de resistencia, con jornadas de trabajo en extinción excesivas, lo cual pone en peligro su integridad física, sicológica y sus condiciones de seguridad”.
CGT exige la activación inmediata del 100% del Operativo público, y que esta activación para futuros años no venga establecida por una fecha fija en el calendario, manteniendo el operativo de lucha contra incendios los 365 días del año.
Por todo ello, han dicho que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, está compuesto prioritariamente por personal fijo-discontinuo, que en muchos casos sólo se activa 3 meses al año, mientras que, en el mejor de los casos, y sólo a una mínima parte de los trabajadores, se les mantiene activos entre 4 y 9 meses al año, mientras que los costosos equipos materiales, principalmente autobombas, se mantienen en desuso el resto del año, propiciando su deterioro así como un derroche por la infrautilización de dichos medios.
Así han apuntado que “enn estas situaciones toma más relevancia que nunca la frase “los incendios se apagan en invierno”, siendo la prevención en los meses con menor riesgo de incendios forestales la herramienta más eficaz y económica en la lucha contra estos, realizando labores selvícolas preventivas, mediante desbroces y limpieza de montes así como el mantenimiento de infraestructuras (cortafuegos, pistas forestales, hidrantes y puntos de abastecimiento de agua, entre otros)”.
Por lo tanto, han explicado que “la realización de estas tareas podría ser desarrollada por los empleados públicos que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente opta por mantener inoperativos, pasando a engrosar las listas de desempleo, en la mayoría de los casos, entre los meses de septiembre de cada campaña y julio de la siguiente”.
Desde CGT se exige a la Junta de Castilla y León la activación del 100% del operativo público, los 12 meses del año, cuyo coste sería sensiblemente inferior a los gastos ocasionados por la tragedia medioambiental que se está produciendo en la provincia de Zamora durante estos días.
