Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo han defendido la necesidad de impulsar un cambio profundo en las políticas de vivienda en Castilla y León, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna y frenar una de las dinámicas que, a su juicio, está detrás de la despoblación de la comunidad.
La coalición considera que la dificultad creciente para acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que jóvenes y familias desarrollen su proyecto de vida en la comunidad, lo que termina empujando a muchos a abandonar el territorio.
Desde la candidatura subrayan que hablar del “orgullo de quedarse en la tierra” debe partir de una realidad evidente: cada vez resulta más complicado acceder a una vivienda, por lo que defienden que las administraciones deben garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio.
Un parque público de hasta 20.000 viviendas
Entre las medidas centrales que plantea la coalición destaca la creación de una Sociedad Pública de Vivienda de Castilla y León, un instrumento que permitiría movilizar hasta 20.000 viviendas públicas durante la próxima legislatura y ampliar de forma significativa el parque público de la comunidad.
Dentro de este plan, la formación propone además reservar al menos 5.000 viviendas específicamente para el medio rural, con el objetivo de facilitar la fijación de población en pequeños municipios y combatir el avance de la despoblación.
Según señalan, otras comunidades autónomas como Asturias, Navarra o Cataluña ya han comenzado a aplicar políticas similares, entre ellas la ampliación del parque público de vivienda o medidas para intervenir en el mercado del alquiler, lo que a su juicio demuestra que existen alternativas si hay voluntad política.
Limitar el alquiler y frenar la turistificación
Entre las propuestas también figura la declaración de zonas tensionadas, al amparo de la ley estatal de vivienda, para limitar los precios del alquiler en aquellas áreas donde el acceso a la vivienda se haya vuelto especialmente difícil.
La coalición apuesta además por frenar la turistificación, mediante la creación de un cuerpo autonómico de inspección encargado de detectar y sancionar pisos turísticos ilegales, así como por impulsar medidas fiscales dirigidas a los grandes tenedores para penalizar la vivienda vacía y evitar la concentración de inmuebles en pocas manos.
Otra de las propuestas pasa por transformar las actuales “Oficinas Anti-Ocupación” en Oficinas de Vivienda Digna, orientadas a ofrecer asesoramiento y acompañamiento a inquilinos, reforzando así los mecanismos de apoyo a quienes tienen dificultades para acceder o mantener una vivienda.
Críticas al caso de Villa Gaviota
El coordinador de Izquierda Unida en Aragón, Juan Gascón, también se ha referido a la información publicada sobre la descalificación de viviendas públicas protegidas en la urbanización Villa Gaviota, que se habría producido pese a informes técnicos negativos.
Desde la coalición consideran que decisiones de este tipo alimentan la percepción de que en Castilla y León es más fácil acceder a una vivienda si se tienen vínculos con el Partido Popular que si se es simplemente un joven que quiere quedarse a vivir en su tierra, una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de cambiar las políticas públicas de vivienda en la comunidad.
