Los cálculos indican que más de 17.000 personas que vivían en residencias han fallecido en España en estos meses de pandemia provocada por el COVID-19 y con decenas de miles de contagiados. Estas cifras, en muchas ocasiones, están envueltas en la desinformación y en la ocultación por parte de las Administraciones regionales, como es el caso de Castilla y León.
Según un estudio realizado por infoLibre en el que ha contactado con los Gobiernos regionales y las tres diputaciones forales vascas, han obtenido respuesta de todos a excepción de la Diputación de Bizkaia. Según los datos que aporta cada Gobierno regional, se aprecia que Asturias y Cantabria son los más transpartentes, con datos desglosados por geriátricos en un espacio específico en sus páginas web
La Diputación de Guipuzkoa explica en qué geriátricos se producen los fallecimientos, sin embargo, lo hacen en notas de prensa diarias, sin espacio en la web para encontrar información. Los Ejecutivos de Canarias, Extremadura, Baleares y Murcia no informan de forma propia, pero aportan los datos cuando los medios de comunicación lo solicitan.
En el caso de la Xunta de Galicia desvela el nombre del geriátrico cuando el fallecimiento se produce en el propio centro, pero lo oculta cuando el residente muere tras ser trasladado a un hospital.
Los otros nueve Gobiernos autonómicos, donde encontramos Castilla y León, ocultan a sus ciudadanos el lugar donde se producen los fallecimientos.
El caso de nuestra Comunidad Autónoma aporta información sobre las residencias públicas, pero no de los centros privados, que son la gran mayoría, un 98% del total.
CASTILLA Y LEÓN
La Administración, dirigida por Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, no mantiene desde el inicio de la crisis esta posición, ya que desde un primer momento facilitaba el desglose, a través de su portal de datos abiertos, de los fallecidos en las residencias públicas, así como los contagios por Zonas Básicas de Salud, Atención Primaria y la situación de los sanitarios en función de provincias y las categorías que desempeñan y los datos de los centros privados.
Sin embargo, la información sobre aquellas residencias de carácter privado dejó de llegar. El problema de esta política es que el 98% de las residencias es de carácter privado, algo que en la práctica equivale a no aportar información, teniendo en cuenta que en la comunidad hay 1.214 geriátricos, de los que solamente 25 son de titularidad de la Junta.
Según la Consejería de Familia, cuya cabeza es la zamorana Isabel Blanco, explica que los Servicios Jurídicos de la Junta mantienen que no se puede publicar información específica de la situación concreta de residencias privadas. Aunque en un primer momento sí se realizaba esta aportación, las quejas de las residencias llegaron porque se ponía el foco en las que tenían más casos, entendiendo que era perjudicial para su imagen.
Las residencias privadas aportaban la información, pero como custodios de la misma, solicitaron no emitirla, hasta el punto de emitir una petición a la Abogacía del Estado porque la intención de la Consejería era emitir la información concreta y específica de las privadas.
Según apunta infoLibre, pidieron una copia del informe jurídico que sostiene la posición mencionada y la Junta señaló que "no se puede facilitar la información de residencias privadas por la Ley de Protección de Datos".
Según señala infoLibre, muchas de las residencias privadas reciben gran parte de sus ingresos de fondos públicos, mediante concertación de plazas, por lo que para funcionar, todas tienen que estar registradas y autorizadas por la Administración autonómica.
En definitiva, la Junta ofrece dos informaciones a diario: el dato global de mortalidad en residencias en cada una de las nueve provincias y las cifras desglosadas en el caso de los 25 geriátricos titularidad de la Junta.
¿Y QUÉ SUCEDE CON LAS MÁS TRANSPARENTES?
El Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, dispone de un apartado en su página web denominado "Situación actual de centros residenciales de personas mayores", donde se puede consultar la información diaria sobre la situación de centros públicos y privados, así como las gráficas de evolución.
Los datos que facilita el Gobierno se pueden obtener tanto en formato PDF como en Excel. Junto a las cifras acumuladas de la región, también se aportan datos sobre los contagios entre los profesionales y sobre el número de centros residenciales afectados. Por centros se diferencian los óbitos desde el día anterior y los casos activos, además de mostrar una indicación sobre si el geriátrico tiene gestión pública, privada, concertada o si pertenece a una entidad sin ánimo de lucro.
Lo que sí es cierto que el Gobierno asturiano empezó a publicar estos datos desglosados una vez superado el 9 de abril ya que los Servicios Jurídicos de la Consejería de Derechos Sociales avalaron que la información debía ser pública en aras del derecho a la salud y el control de la pandemia.
El Ejecutivo de Cantabria, dirigido por Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista Cántabro, ofrece una vez a la semana todos los datos de la evolución del COVID-19 en los centros residenciales de la región. Explican desde el número de pruebas realizadas a profesionales y residentes hasta los contagios y fallecidos, todo por centros. Sobre los fallecimientos se aprecia la división en muertes confirmadas por coronavirus, con sintomatología compatible y por otras causas.
Por último, en Guipuzkoa, aunque el Gobierno autonómico facilita datos globales, son las tres diputaciones forales las que informan sobre los centros de sus territorios. El caso de Guipuzkoa es el único en el que se aporta información desglosada sobre fallecimientos en los geriátricos.
Los datos se facilitan a través de una nota de prensa diaria, que se difunde en torno a las 18:00 horas para recoger los datos hasta las 13:00 del mismo día, sin que exista un apartado específico en la web para la situación de los centros residenciales, como ocurre en Asturias y Cantabria.
