El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la distribución de 200 millones de euros entre comunidades autónomas y ciudades autónomas con el objetivo de reforzar los sistemas públicos de servicios sociales, con especial énfasis en la pobreza infantil y la protección de familias en situación de vulnerabilidad.
En este reparto, Castilla y León recibirá 12,4 millones de euros, una cuantía destinada a financiar programas de acción social orientados a cubrir necesidades básicas, reforzar la atención a menores en riesgo y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios sociales tanto autonómicos como municipales.
Según ha detallado el Ejecutivo, estos fondos serán transferidos a las comunidades autónomas, que ostentan las competencias en materia de servicios sociales, con el propósito de impulsar actuaciones coordinadas entre gobiernos regionales, ayuntamientos y entidades del tercer sector, en un modelo de intervención más cercano y territorializado.
La medida se enmarca en una estrategia estatal que busca consolidar un sistema de protección social más robusto, capaz de responder con mayor eficacia a situaciones de pobreza estructural y exclusión social. Desde el Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, se insiste en el objetivo de avanzar hacia unos servicios sociales “accesibles, universales y de calidad”, reforzando su papel como pilar del Estado del bienestar.
El paquete aprobado forma parte de una inversión global articulada en diferentes líneas de actuación, entre ellas la mejora de la atención a familias con menores a cargo, el refuerzo de recursos de emergencia social y el apoyo a programas de inclusión destinados a colectivos especialmente vulnerables.
En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado también una declaración institucional con motivo del 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como un Real Decreto que incorpora a la liga profesional de fútbol femenino como beneficiaria directa de la recaudación del impuesto sobre apuestas deportivas.
