La Junta de Castilla y León ha defendido hoy en la Conferencia Sectorial de Vivienda una posición crítica respecto al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, tanto por la forma en la que ha sido elaborado como por el contenido de algunas de las medidas que incorpora, aunque ha apoyado el reparto de fondos estatales para garantizar que los ciudadanos de la Comunidad puedan beneficiarse de la financiación, que ha tildado de insuficientes, pues se rebaja en este nuevo Plan la participación del Estado de un 75 % del anterior a un 60 % en el actual.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado el malestar de Castilla y León y de la mayoría de comunidades autónomas ante la ausencia de una participación real en la elaboración del Plan. En este sentido, ha criticado que las autonomías hayan recibido únicamente un trámite de audiencia “como cualquier otro colectivo interesado”, pese a ser las administraciones competentes en materia de vivienda, quienes financian el Plan y quienes tienen que ejecutarlo.
Asimismo, ha lamentado que el contenido definitivo del Plan haya sido conocido por las comunidades autónomas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin haber sido previamente aprobado en una Conferencia Sectorial de Vivienda, una situación que la Junta considera “totalmente rechazable”.
En relación al contenido del Plan, Suárez-Quiñones ha mostrado el rechazo de la Junta a la imposición de medidas de carácter intervencionista, como condicionar fondos estatales a la aplicación obligatoria de limitaciones de mercado en las denominadas zonas tensionadas. La Junta considera que este tipo de medidas “no han funcionado en Europa” y tampoco están dando resultados en comunidades autónomas donde ya se están aplicando, como Cataluña, al haberse producido una mayor contracción de la oferta de alquiler, lo que supone conseguir lo contrario a lo que se persigue.
La Junta defiende una política de vivienda basada en la colaboración, los incentivos, la seguridad jurídica, las ventajas fiscales y el impulso de programas propios adaptados a las necesidades de Castilla y León.
Durante la Conferencia Sectorial se han aprobado los criterios de reparto de los fondos estatales del Plan de Vivienda. En el caso de Castilla y León, el Estado aportará 228 millones de euros durante los próximos cinco años, mientras que la Junta deberá financiar, y aportará, otros 152 millones de euros, que supone multiplicar por 6 lo que venía aportando.
El consejero ha subrayado que el Ministerio “aporta el doble y no el triple, como había anunciado”, al tiempo que ha recordado que la política de vivienda de la Junta es mucho más que la cofinanciación del Plan Estatal de Vivienda, pues destinará a políticas de vivienda más de 300 millones de euros con fondos propios e incentivos fiscales a lo largo de la legislatura, multiplicando ampliamente el esfuerzo económico exigido a la Comunidad.
Pese a las discrepancias mantenidas con el modelo planteado por el Gobierno, Castilla y León ha votado a favor de los criterios de reparto porque, tal y como ha señalado Suárez-Quiñones, “lo importante es dar soluciones de vivienda a los castellanos y leoneses, y cualquier ayuda del Ministerio, aunque sea insuficiente, es bienvenida”. Por ello, la Junta ha reiterado que aprovechará al máximo todos aquellos instrumentos útiles contemplados en el Plan Estatal, complementándolos con sus propias políticas y líneas de apoyo para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad. No obstante, ha anunciado el estudio de los aspectos perjudiciales para Castilla y León a efectos de un posible recurso contencioso-administrativo.
Finalmente, sobre la sentencia hoy conocida del Tribunal Supremo anulando el registro de pisos turísticos puesto en marcha por el Ministerio, Suárez-Quiñones considera que es una prueba más de la unilateralidad y falta de trabajo conjunto del Gobierno con las comunidades autónomas y de la invasión de competencias de las comunidades, que ha llevado, en este caso ,a la anulación de dicha norma por el Supremo al corresponder su regulación a las comunidades.
