Durante dos días, cerca de 300 abogados de todo el país se han dado cita en Valladolid en el marco de las Jornadas de Derecho de Familia organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), con la colaboración del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL). El evento, que tiene como objetivo la actualización de conocimientos sobre criterios judiciales y las últimas reformas legislativas, ha puesto de relieve importantes carencias en el sistema judicial de la región, especialmente la falta de juzgados especializados en esta rama del Derecho.
A pesar de que el número de divorcios en Castilla y León ha descendido un 25% en la última década, los procesos siguen dilatándose, llegando a demorarse hasta un año en algunos casos. Esta realidad es especialmente preocupante en las provincias donde no existen juzgados de Familia especializados. Actualmente, solo cuatro de las nueve provincias de la Comunidad —Burgos, León, Salamanca y Valladolid— cuentan con estos juzgados, lo que, según los abogados, agrava la lentitud de los procedimientos y pone en desventaja a muchas familias.
El presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, ha sido contundente en su intervención: “La falta de especialización provoca retrasos y priva a gran parte de la población de un trato equitativo en los tribunales”. Además, señaló la escasez de equipos psicosociales en algunas provincias, lo que alarga aún más los procedimientos judiciales. Estos equipos, que evalúan a las familias en casos especialmente complejos, son fundamentales para guiar las decisiones judiciales, pero en algunas zonas llegan a externalizarse debido a la falta de personal, lo que retrasa aún más las resoluciones.
Las jornadas también abordan cuestiones claves como la liquidación de deudas entre cónyuges, las ejecuciones del régimen de visitas y los aspectos procesales derivados de la reforma de la Ley de Discapacidad de 2021. Según la abogada y coordinadora del evento, María José Sánchez González, el Derecho de Familia es una rama en constante evolución, ligada tanto a cambios legislativos como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que hace imprescindible que los letrados se mantengan continuamente actualizados.
El proceso de divorcio en Castilla y León, como en el resto del país, ha experimentado un cambio significativo en cuanto a sus plazos. Hace una década, un divorcio de mutuo acuerdo se resolvía en menos de dos meses; hoy, ese plazo ha aumentado considerablemente. En los casos más complejos, que requieren la intervención de un juez, la espera puede llegar a los once meses, lo que afecta gravemente a las familias en situación de conflicto.
Un aspecto que preocupa a los abogados es la intervención de los hijos en estos procesos. Cuando los menores son mayores de 12 años, el juez está obligado a escucharlos, una práctica que, según Sánchez González, debería tratarse con más delicadeza para evitar situaciones traumáticas para los menores. En otras comunidades existen protocolos específicos para estas audiencias, pero en Castilla y León todavía no se han implementado.
En un esfuerzo por reducir el número de procesos contenciosos, en noviembre de 2023, el CACYL firmó un convenio con la Junta de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para gestionar un servicio de mediación familiar. Aunque solo está disponible en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, este servicio ofrece a las parejas la oportunidad de resolver sus conflictos de manera pacífica antes de recurrir a los tribunales. María José Sánchez destaca que “la mediación es un espacio donde muchas parejas pueden sentarse y hablar, lo que, aunque no resuelva todo el conflicto, suele ayudar a avanzar”.