El Procurador del Común ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Benavente que, durante el presente mandato, no existe motivo alguno para mantener al consistorio en el registro de entidades no colaboradoras, en el que fue incluido durante la pasada legislatura. Así lo ha informado este lunes el propio Ayuntamiento, que trabaja desde hace meses en la tramitación de los expedientes de cancelación necesarios para dejar atrás este señalamiento administrativo.
La inclusión de Benavente en dicha lista, que identifica a las administraciones públicas que no atienden los requerimientos del Procurador del Común, respondió a una situación generada en el pasado mandato. Sin embargo, el actual equipo de gobierno destaca que la actitud ha sido completamente distinta desde el inicio del presente periodo, marcada por una comunicación "fluida y constante" entre ambas instituciones.
Uno de los puntos de fricción tratados en el proceso ha sido el relativo a la firma de los pliegos administrativos. El Ayuntamiento ha trasladado su criterio, señalando que no corresponde a la Alcaldía rubricar dichos documentos, ya que el acto administrativo válido para su aprobación es el Decreto correspondiente. En esa línea, el consistorio ha defendido que es el Técnico de Administración General del servicio de contrataciones quien debe asumir la firma, como profesional responsable de su redacción en el marco de sus competencias técnicas y legales.
A pesar de este tipo de cuestiones formales, desde el Ayuntamiento subrayan que se han cumplido los plazos en la entrega de documentación y que se ha respondido a todos los requerimientos, siempre desde una voluntad de entendimiento institucional. Fruto de esa dinámica, y tras una conversación directa mantenida recientemente entre ambas partes, el Procurador del Común ha decidido dar por cerrado el expediente, despejando cualquier sombra sobre la actual gestión municipal.
La decisión supone un respaldo al trabajo realizado por el equipo de gobierno actual, que ahora ve recompensado su esfuerzo por normalizar la relación con el órgano autonómico de defensa del ciudadano.
