Izquierda Unida recuerda al Ayuntamiento de Benavente que el pasado uno de diciembre entró en vigor la obligación de disponer de un canal de denuncias visible en la página web municipal para posibilitar denuncias confidenciales y anónimas de actuaciones o comportamientos irregulares sin temor a ser descubierto o a posibles represalias.
En el caso que la irregularidad denunciada suponga la comisión de un delito penal, el gestor del canal deberá remitirla a la autoridad competente.
Así lo indica el artículo 13.a, las entidades que integran la Administración Local, los Ayuntamientos, están obligadas, por lo que el Ayuntamiento de Benavente estaría incumpliendo la citada Ley.
En virtud de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada por el congreso de los Diputados en cumplimiento de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo (Directiva Whistleblowing) y del Consejo de 23 de octubre de 2019, España debe disponer de un completo marco normativo-institucional con el que dar respuesta eficaz a la necesidad de protección de quienes informan sobre infracciones del ordenamiento jurídico que afectan o menoscaban el interés general.
Esta Ley obliga a las entidades públicas a crear este canal de denuncias para poder denunciar de forma anónima y absolutamente confidencial, posibilitando tanto a los empleados municipales como a cualquier benaventano el poner en conocimiento las posibles irregularidades que se produzcan dentro del Ayuntamiento o la comisión de cualquier ilícito que pudiera cometerse en el seno del Ayuntamiento.
Por tanto, el Ayuntamiento de Benavente debe designar un gestor del sistema para su correcto funcionamiento. Bien, contratando los servicios a un proveedor externo para gestionar este canal de denuncias o que éste sea gestionado por un funcionario municipal.
Izquierda Unida considera muy importante que los benaventanos dispongan de este canal para poder denunciar las conductas ilícitas de las que tengan conocimiento, y sea de forma anónima y confidencial. Como igualmente, también lo es inculcar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes vulneran la ley y que no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos.
