viernes 20/5/22
explotación fotovoltaica
explotación fotovoltaica
Zamora Viva ha tenido acceso a copias de contratos que determinadas empresas ofrecen a los propietarios de los terrenos para llevar a cabo proyectos de explotación fotovoltaica a gran escala y advierte sobre determinadas cuestiones de interés y que no están siendo aclaradas en ningún modo:

En primer lugar, se trata de contratos de cesión de superficie (distintos a los de alquiler) donde el propietario pierde todos los derechos sobre sus fincas. Además, se adjuntan cláusulas en las que estos contratos se puede transferir a terceros, incluidas personas físicas, con el riesgo que esto conlleva de incumplimiento pues no olvidemos la volatibilidad de las materias primas asociadas a la producción de las placas solares y la posibilidad de que las ayudas públicas se vean mermadas en los próximos años.

En segundo lugar no se informa en esos contratos de manera clara la fiscalidad a la que se va a ver sujeta la propiedad tanto en lo que se refiere al IRPF. Aunque no es la obligación de esos contratos añadir esta información se sobreentiende que los propietarios deben estar informados sobre este asunto: si han de darse de alta como autónomos a partir de determinadas hectáreas, cómo va a afectar su relación con la Agencia Tributaria una vez que se perciban ingresos por más de una actividad, cuántas tributaciones trimestrales y anuales ha de realizar de IVA o IRPF o cómo puede afectar a la declaración anual en el caso de que se trate de una persona que perciba pensiones. Además, falta información en el caso de pertenecer al finca a varios propietarios, por ejemplo una herencia, y de la obligación, o no, de crear una comunidad de bienes y de realizar junta de beneficios, con todos los trastornos que esto implica y la merma en los beneficios. 

En tercer lugar, no queda claro si los terrenos van a perder su calidad de rústicos, pasando a ser industriales, o si esto puede ocurrir en algún momento, con el consiguiente aumento de cargas para el propietario. Cabe recordar que el IBI lo paga el propietario y que este importe no es nada despreciable en caso de suelos industriales.

En cuarto lugar, no hay seguridad jurídica en estos contratos que asegure que el desmantelamiento de las instalaciones no corra a cargo del propietario, ni tampoco se observa mecanismo alguno para que el propietario pueda hacer cumplir este detalle, pues muchas de las empresas que están firmando los contratos tienen un capital social ridículo. Y si la empresa, como cabe esperar, es una empresa intermediaria, el proceso de desmantelamiento puede ser un rompecabezas para los propietarios. Hay que tener en cuenta que los elementos a retirar son placas, basamentos, vallado, 2 etc. Así mismo, tampoco hay seguridad de que las tierras cedidas no vayan a quedar inhabilitadas para siempre por el uso de materiales contaminantes como puede ser el glisofato o que la previsible utilización de agua para la limpieza de las placas no conlleve un uso de los acuíferos existentes.

Por último, resulta abusivo que en previsión de los innumerables litigios que van a desencadenarse, las empresas hagan firmar a los propietarios que cualquier demanda tenga lugar en la ciudad donde tiene la sede la empresa, o en Madrid, en muchos casos. Esto implica unos elevados gastos tanto de procurador como de viajes y estancias, que harán que desanimen a cualquier propietario.

En definitiva, Zamora Viva pone en duda no solo la rentabilidad de este tipo de contratos sino que advierte que las consecuencias negativas de abandonar el sector primario de la agricultura durante 40 años, que es la duración que tienen, son imprevisibles, agrandando sin duda en el gran problema de la despoblación.  

Zamora Viva advierte de los riesgos de los contratos que pretenden transformar zonas...
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