Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha criticado a la Junta de Castilla y León por la presentación en Zamora de un protocolo de colaboración para la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler asequible que, según ha recordado la formación leonesista, carece de dotación presupuestaria.
El protocolo fue presentado hace unos días por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en un acto ante los medios de comunicación, tras su firma con la Diputación de Zamora. Durante dicha presentación, el propio consejero reconoció que el acuerdo no cuenta con presupuesto asignado, al tratarse de un documento de “carácter declarativo”, cuyo objetivo sería incrementar la oferta de vivienda en alquiler en la provincia.
Ante esta situación, UPL ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León, en las que cuestiona cómo pretende la Junta cumplir el objetivo de aumentar el parque de vivienda en alquiler en Zamora “a través de un protocolo que no dispone de financiación y que el propio consejero definió como meramente declarativo”.
Además, la formación leonesista ha solicitado a la Junta una valoración sobre la baja ejecución de los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas para alquiler social en las provincias de Zamora, Salamanca y León, dentro del Fondo de Cohesión Territorial. En el caso de Zamora, la ejecución se sitúa, según UPL, en apenas un 17%.
En este sentido, UPL recuerda que en el Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, presentado a finales de 2025, se reflejaba que durante el ejercicio 2025 la Junta había ejecutado en Zamora 87.022 euros de los 524.143 euros previstos para la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler social en el marco de dicho fondo.
Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés han afeado a la Junta que haya presentado en Zamora un protocolo que consideran “carente de contenido económico real” y que, a su juicio, responde a un planteamiento “más cercano a la búsqueda de impacto mediático que a una política efectiva de vivienda”, especialmente en una provincia donde, según denuncian, no se ha ejecutado lo comprometido en materia de rehabilitación para alquiler social.
