Suárez-Quiñones explicó que estas instalaciones “realizan una gestión ambiental más eficiente” y subrayó que su funcionamiento está regulado por normativas “muy exigentes”, diseñadas para eliminar daños, olores y emisiones que puedan afectar a los vecinos o al entorno.
El consejero insistió en que todas las decisiones sobre estas plantas son “técnicas y no políticas” y que cada proyecto solo se pone en marcha después de cumplir con todos los requisitos legales. “Toda la normativa es elaborada y ejecutada por funcionarios públicos altamente cualificados”, afirmó, en un intento de reforzar la confianza en la gestión pública.
Además, destacó que las plantas de biogás no solo son seguras, sino que contribuyen a un modelo energético sostenible, aprovechando residuos orgánicos para producir energía limpia y reducir la huella ambiental. Suárez-Quiñones animó a la ciudadanía a confiar en este tipo de proyectos, recordando que cumplen con los estándares más altos de protección ambiental.
Con estas declaraciones, la Junta refuerza su apoyo a las plantas de biogás en Zamora, en un contexto en el que su instalación ha generado oposición entre la población del medio rural, aunque la administración insiste en que todos los permisos y controles son legales
