Un matrimonio zamorano reclama a Servicios Sociales la custodia de los cuatro vástagos de la pareja.
"Hace seis meses que nos quitaron a nuestros hijos. Queremos que nos los devuelvan". Estas dos frases resumen la lucha de una pareja zamorana que reclama a la Gerencia de Servicios Sociales la devolución de los cuatro menores vástagos de la pareja, con edades de 17, 15, 10 y 6 años.
José Manuel García Ferraz y María Piedad Sastre Pereira se casaron hace 20 años. El matrimonio ha tenido cuatro hijos que desde hace seis meses fueron apartados de sus padres por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
La historia familiar -truculenta, plagada de acusaciones y recursos y casi imposible de resumir en el espacio que limita un medio digital- comienza en 2001. José Manuel -camarero de profesión ahora en paro y realizando un curso de inserción profesional- y Piedad le dejan un fin de semana los niños a sus abuelos paternos y comprueban que los menores vienen "marcados".
Siempre según su testimonio, tanto José Manuel como sus hermanos y su madre sufrieron malos tratos por parte del progenitor en la infancia, por lo que ante la sospecha de que sus hijos puedan sufrir esos malos tratos deciden no volver a dejarlos con los abuelos. Comienza entonces una larga historia de denuncias del abuelo hacia la pareja que en 2011, después de once años, hace que los niños les sean retirados por primera vez. "Hemos sufrido una auténtica persecución, esto es una pesadilla que nos perseguía donde fuéramos", asegura la madre de los menores.
Informes aportados durante la entrevista de más de cien personas entre médicos, pediatras, vecinos, educadores, psicólogos, el alcalde de la localidad donde residían entonces y regentaban un bar (San Cristóbal de Entreviñas) y los directores de colegios e institutos avalan que los menores no presentan absentismo escolar, que están bien cuidados y nutridos y que la pareja es un matrimonio que hace vida normal con buena relación con sus hijos. La única nota discordante en el absentismo escolar la pone la hija mayor del matrimonio (segunda de la pareja), una adolescente "rebelde" -en palabras de sus padres- que no asiste a sus clases.
"Entonces -recuerda el matrimonio- nos los quitan por desamparo y acusan a su padre de ser alcohólico y drogadicto, nunca de malos tratos". En este sentido, José Manuel aporta diversas analíticas de entonces y de ahora que demuestran que está limpio de alcohol y de cualquier sustancia estupefaciente. "Ahora, además de todo esto, se me acusa de maltrato".
Pasaron entonces ocho meses sin sus hijos, que fueron devueltos a la pareja y reaunudaron la vida en el núcleo familiar.
Nueva denuncia
La historia se complica hace un año y medio, cuando el matrimonio, según sus palabras, descubre que la hija adolescente se rodea de "malas compañías, fuma porros y chatea en las redes sociales con hombres de mayor edad". "Entonces -afirma el padre- la castigamos quitándole el Tuenti y el Facebook, el Whatsapp y la propina para que no comprase tabaco ni nada, y sin salir con los amigos, aunque con nosotros iba a todos los lados. Nunca ha habido un solo castigo físico".
La menor se escapa en reiteradas ocasiones en los que su padre presenta denuncia ante la Policía Nacional a fin de que sea localizada. "La última vez -cuenta la pareja- estuvo tres noches en el baño de la estación de autobuses". Tras varias escapadas (en las que regresaba a casa y pedía perdón a sus padres, aunque otras veces les retaba a pegarle para denunciarlos, hecho que nunca se produjo, siempre según el testimonio del matrimonio), la menor se presenta en la Sección de Protección de la Infancia, oculta que se ha escapado de casa y acusa a su padre de pegarle a ella, al resto de los hijos y a la madre.
Además, la menor presenta cortes en los brazos y cicatrices que, según ha podido comprobar posteriormente la pareja, corresponderían a autolesiones tribales juveniles de moda y al "juego del abecedario", como intentan demostrar apoyándose en informes periciales. No obstante, en el informe -presentado como prueba- la menor reconoce que no quiere volver a casa por la mala relación con su padre, aunque no figuran malos tratos.
El matrimonio, ante la "amenaza" de no volver a ver a su hija hasta los 18 años, se ve "obligado" a firmar de forma "voluntaria" una guarda por tres meses, "a ver si la niña cambia su conducta", como afirman en su testimonio. Dos meses después la Policía acude al domicilio familiar a por el resto de los menores. La "mala relación" denunciada por la menor con el progenitor figura en los informes del resto de menores como que el padre "pega a su hijo", hecho denunciado por la pareja en su defensa.
Así las cosas, a la pareja le quitan a sus hijos por "maltrato físico y psíquico, violencia doméstica hacia la madre, negligencia física, modelo asocial del padre -consumo de drogas y alcohol-, y que carece de ingresos estables (entonces cobraba el paro y ahora renta familiar)". De nuevo los informes de docentes, pediatras y de los propios hijos menores de la pareja contradicen estas acusaciones.
"Yo busco trabajo desde que estoy en el paro, he trabajado en los restaurantes más prestigiosos de Zamora y de la Costa Brava, no puedo dar ya más vueltas -afirma José Manuel-. Nuestros pagos están al corriente, aunque con mil euros había que hacer casi magia para sacar adelante todo y no puedo darle a mis hijos caprichos, pero sí atender lo básico y que vayan bien vestidos, limpios y alimentados. No consumo alcohol ni drogas ni he pegado a mi mujer ni a mis hijos. Nos acusan de no tener apoyo social, cuando entre vecinos y compañeros del curso profesional me están ayudando y tengo cinco mil firmas de apoyo. Me acusan de castigos físicos y vejaciones, hecho que negamos nosotros mismos y tres de mis hijos, entre ellos el de seis años".
También se acusa al matrimonio de "colaboración mínima" para restablecer el orden en el núcleo familiar, "cuando los informes de psicólogos y psquiatras de la vez anterior dicen que se ha colaborado activamente y ratifican que no hay presencia de alcohol ni drogas".
Piedad, la madre, interviene. "A mí me han ofrecido una casa de acogida para irme con mis hijos si denuncio a mi marido por malos tratos, pero no lo voy a hacer. En veinte años no me ha pegado jamás ni a mí ni a los niños, no tengo por qué decir eso, no es verdad. Me dicen que si no le denuncio y me separo no vuelvo a ver a mis hijos hasta que no tengan dieciocho años. Creo que también los dos niños pequeños sufren presiones para acusar a su padre, nos lo dicen ellos mismos".
"La situación es desesperante -afirman los dos-; nos recuerdan todo desde 2001, cuando en 2011 se demostró que era mentira. Mi mujer está con pastillas y antidepresivos y yo lo pago con el tabaco, porque esto no hay quien lo aguante. No queremos pasar la Navidad solos, no nos merecemos esto".
La pareja cree, asimismo, que existe una "animadversión" hacia el progenitor por parte de la técnico de Servicios Sociales y señala que incluso algunos medios de comunicación no quieren hacerse eco de su situación "por miedo o por presiones".
De momento, la pareja puede visitar a su hija en un centro de Salamanca, a los menores en Zamora una hora los viernes y otra hora los sábados y con el mayor, que está en Cartagena, mantienen una relación telefónica y visitas esporádicas.
El juicio definitivo será el 6 de febrero, "aunque nosotros nos preguntamos que dónde está la Justicia", dice el matrimonio. Serán entonces los Tribunales los que, sopesando los testimonios de ambas partes, dicten la última palabra en esta historia.
Mientras, continúan recogiendo firmas en la calle, ayudados por amigos de la infancia, clientes y compañeros de José Manuel. "Queremos a nuestros hijos, no queremos nada más. Nadie nos va a pagar su infancia ni el tiempo que nos están quitando de estar con ellos".
*Zamora News recoge en este artículo únicamente el testimonio de los padres de los menores, que se cita de forma textual.
