El pleno de la Diputación de Zamora debatió y aprobó este viernes una modificación de crédito mediante la figura de crédito extraordinario por importe de 25.000 euros, cantidad que permitirá formalizar la primera aportación económica de la institución provincial al convenio que se suscribirá con la Junta de Castilla y León para la redacción de nuevas normas urbanísticas territoriales.
La diputada del PP, Natalia Ucero, defendió que esta modificación presupuestaria constituye el primer paso para actualizar un marco normativo que sigue anclado en 1998 y que, a juicio del equipo de gobierno, ya no responde a la realidad actual de los municipios zamoranos.
“Queremos dotar a los ayuntamientos de instrumentos de ordenación modernos, útiles y adaptados a la realidad de nuestros pueblos”, sostuvo durante su intervención, en la que insistió en que hablar de urbanismo no supone limitarse a planos o trámites administrativos, sino abordar oportunidades de desarrollo, fijación de población y futuro para el medio rural.
Un convenio de 150.000 euros repartido en tres anualidades
El convenio prevé una inversión conjunta de 150.000 euros, sufragada a partes iguales entre la Diputación y la Junta de Castilla y León, con 75.000 euros por cada administración.
En el caso de la Diputación, la aportación se distribuirá en tres anualidades: 25.000 euros en 2026, que son los aprobados ahora a través del crédito extraordinario; 37.500 euros en 2027; y 12.500 euros en 2028.
La Junta asumirá la licitación, adjudicación, contratación y recepción de los trabajos de redacción de las normas urbanísticas, mientras que ambas instituciones participarán en el control del proceso mediante una comisión mixta paritaria, integrada por representantes de ambas administraciones para garantizar la supervisión técnica y la coordinación permanente.
El precedente fallido de 2019 y el reinicio del proceso
Durante el debate, Natalia Ucero explicó que este nuevo convenio llega después del fracaso del proceso iniciado en 2019, cuando la Diputación y la Junta ya firmaron un acuerdo similar con el mismo importe económico.
Aquel contrato fue adjudicado a una empresa de Madrid, pero los trabajos quedaron condicionados por la pandemia y, posteriormente, los técnicos de la Diputación y de la Junta concluyeron que las propuestas elaboradas no se adaptaban a la realidad territorial de la provincia.
Según relató la diputada, fue en 2024 cuando, tras varias reuniones técnicas y contactos institucionales en Valladolid, se optó por resolver el contrato y comenzar de nuevo.
Ucero defendió que la alternativa pasaba por evitar que la provincia terminara con unas normas que, en vez de facilitar la gestión urbanística, resultaran más gravosas incluso que las normas provinciales de 1998 que siguen hoy vigentes.
Desde la oposición se respaldó la necesidad de actualizar el planeamiento, aunque se pusieron sobre la mesa dudas sobre el alcance real del acuerdo.
Se recordó que lo único sometido a votación en este punto era la modificación de crédito extraordinario de 25.000 euros procedente del fondo de contingencia, sin que los grupos dispusieran todavía de todos los detalles del convenio definitivo.
También se advirtió de la necesidad de que las futuras normas urbanísticas no se redacten al margen del conocimiento directo de la realidad provincial, evitando repetir errores del pasado.
En respuesta, Natalia Ucero señaló que el convenio aún no se ha firmado precisamente porque antes era necesario aprobar la cobertura presupuestaria. Añadió que el texto estará a disposición de todos los grupos y defendió que el nuevo sistema de seguimiento conjunto pretende reforzar el control técnico sobre el trabajo que se licite.
La diputada admitió que no existe una garantía absoluta sobre el resultado final, aunque aseguró que el objetivo del equipo de gobierno es que esta vez la provincia disponga de unas normas urbanísticas realmente útiles para las necesidades actuales del medio rural zamorano.
