Tras haber superado el “Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda” la tramitación en el Congreso de los Diputados, los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora, el Diputado Antidio Fagúndez y el Senador José Fernández, han subrayado que “ha llegado la hora de construir un quinto pilar del Estado del Bienestar, el que asegure una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos de este país”
El Pleno del Congreso rechazó las seis enmiendas a la totalidad, presentadas por varios grupos parlamentarios, al proyecto de Ley de derecho a la vivienda, con lo que el texto legislativo continuará su trámite parlamentario.
Para el PSOE de Zamora “esta no es una medida aislada, está junto a otras como el Bono Joven aprobado en Enero o la promoción de más de 100.000 viviendas en alquiler o el aumento en casi un seiscientos por ciento del presupuesto en este ámbito ya que todas ellas forman parte de una política de largo alcance. La Ley de Vivienda dará una respuesta necesaria a muchas familias y jóvenes para acceder a una vivienda digna y adecuada”.
Los parlamentarios socialistas han recordado que La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 incluye una dotación presupuestaria de 345 millones de euros y está previsto que sea dotado hasta 2025 con un total de 1.717 millones de euros para ayudas estatales a la vivienda, poniendo en valor, además, la reciente aprobación del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025
Antidio Fagúndez y José Fernández también han incidido en que se trata de la primera Ley estatal que desarrolla el derecho constitucional a la vivienda, uno de los compromisos del Gobierno para dar respuesta a situaciones de desamparo habitacional y destacan que el texto legislativo es solvente jurídicamente, respeta la Constitución y no vulnera las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
En este sentido añaden que “frente a los numerosos obstáculos y dificultades en este empeño, también estamos convencidos de que existe un clamor social para que sigamos adelante y superemos todas las barreras”.
Por ello el PSOE ha rebatido los argumentos de las fuerzas políticas que han presentado enmiendas a la totalidad: “Garantizar que no se pueda enajenar el parque público de vivienda social, como recoge el proyecto de ley, no es crear inseguridad jurídica, es garantizar que ustedes no puedan volver a vender las viviendas sociales a los fondos buitres”.
El nuevo texto plantea establecer mecanismos de contención de precios en las zonas donde el mercado hace imposible el acceso a la vivienda no es una inadmisible interferencia del Estado en un mercado racional que funciona, sino una medida tendente a garantizar lo que señala nuestra CE en su artículo 47: el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada del conjunto de la ciudadanía.
“El mercado de la vivienda lleva muchos años pidiendo una regulación prudente, pero valiente, que asegure que las ganancias estratosféricas de unos pocos no impidan el acceso a la vivienda de otros muchos, especialmente de los más jóvenes”, han añadido.
Los parlamentarios socialistas de Zamora También han puesto el acento en las contradicciones del Partido Popular: “El mismo PP que ha recurrido las leyes catalanas de vivienda por considerar la materia de competencia estatal, ahora dice que es de competencia autonómico. El PSOE no va a caer en la trampa de la derecha, que lo que pretende es que siga existiendo ese vacío normativo para especular con las viviendas”.
Protección a los más vulnerables
Antidio Fagúndez y José Fernández han destacado la posición legislativa respecto de la protección a los más vulnerables, marcando la obligación para todas las Administraciones Públicas de atender prioritariamente a las personas que viven en asentamientos o barrios especialmente degradados y segregados, así como a las que padecen situaciones de sinhogarismo.
En este sentido, en el ámbito procesal, se refuerza la conexión entre los procedimientos judiciales que supongan el lanzamiento de personas o familias en situación de vulnerabilidad y los servicios sociales correspondientes, a efectos de que por estos puedan encontrarse soluciones alternativas de alojamiento.
El Gobierno ha incidido en que la plena consecución de esa protección a los más vulnerables no se conseguirá hasta que España no cuente con una oferta de viviendas asequibles que resulte suficiente.
