La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Zamora, Sandra Veleda, ha vinculado el caso Ultra Sanabria a una amplia investigación judicial que, según ha señalado, incluye más de 6.000 escuchas telefónicas practicadas por la Policía Nacional, además de atestados, informes técnicos y declaraciones incorporadas al procedimiento.
Veleda ha explicado que el Grupo Socialista ha tenido acceso a diversa documentación del proceso judicial abierto contra el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y su equipo de Gobierno, al que ha acusado de haber gestionado subvenciones y contratos con presuntas irregularidades.
Durante su intervención, la portavoz ha afirmado que el análisis de los documentos les lleva a concluir que Faúndez “levantó reparos” en la tramitación de determinadas subvenciones, pese a la existencia de informes técnicos desfavorables, una cuestión que, según ha defendido, resulta clave en el desarrollo del caso.
Uno de los puntos más destacados de su comparecencia ha sido la referencia a las escuchas telefónicas. Veleda ha asegurado que el informe de la Policía Nacional recoge más de 6.000 escuchas, en las que, según ha indicado, aparecerían conversaciones de distintos perfiles, entre ellos responsables políticos y técnicos, mencionando también al diputado de Deportes en algunas de ellas.
La portavoz socialista ha sostenido que toda esta información apunta a la existencia de un patrón de actuación en la gestión de subvenciones vinculadas a eventos deportivos en la provincia, que no se limitaría únicamente al caso Ultra Sanabria, sino que afectaría a distintas pruebas y áreas de la institución.
Asimismo, ha señalado discrepancias entre la información ofrecida en su momento por el equipo de Gobierno y la documentación incorporada posteriormente al procedimiento judicial, insistiendo en que el análisis de los informes revela posibles irregularidades en la tramitación administrativa.
Pese a la contundencia de sus declaraciones, Veleda ha reiterado el respeto del Grupo Socialista al proceso judicial en curso y ha subrayado que será la justicia quien determine las posibles responsabilidades derivadas de los hechos investigados.
En la parte final de su intervención, ha defendido la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión pública y ha pedido que la ciudadanía conozca el alcance de la documentación que forma parte del caso Ultra Sanabria, actualmente en sede judicial.
