La apuesta de la Junta de Castilla y León por la innovación tecnológica aplicada a la atención de las personas con discapacidad es uno de los ejes del sistema social de la Comunidad. De hecho, la propia Ley de Apoyos al proyecto de vida de este colectivo, aprobada en 2024, aboga en su articulado por el uso de apoyos tecnológicos para facilitar la vida de estas personas y por la colaboración entre todos los actores de este ámbito, como son la propia Administración, el Tercer Sector, los centros tecnológicos o las universidades. Sin embargo, la pieza clave de este modelo es que los protagonistas, es decir, las personas con discapacidad tengan la garantía de tomar las decisiones que afecten a su futuro.
Así lo ha manifestado la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien ha participado hoy en el debate del Consejo Asesor de la Cátedra de Fundación Personas, donde ha asegurado que la apuesta por la innovación social no es baladí, sino que aporta evidencias científicas que ayudan a desarrollar políticas públicas adaptadas a la realidad social de las personas con discapacidad, cuyo horizonte es el fomento de su autonomía, cuando no su independencia.
Blanco ha defendido la larga trayectoria del Ejecutivo autonómico en este ámbito, puesto que ya en 2011 empezó a colaborar con el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad —Inico— de la Universidad de Salamanca, y ese trabajo a lo largo de estos últimos años ha cristalizado en el impulso, en colaboración con el Cluster Sivi, del Hub Tecnológico ‘La Aldehuela’ de Zamora, un centro de innovación aplicada, pionero, destinado a hallar soluciones tecnológicas que ayuden a estas personas. De hecho, ha recordado que Fundación Personas juega un rol esencial en este espacio, en el que la piedra angular es la denominada co-creación, es decir, no sólo la colaboración entre entes públicos y privados, sino también la participación de las propias personas beneficiarias en el diseño de los productos que van a utilizar.
Además, la vicepresidenta segunda ha destacado la implicación de la sociedad en su conjunto, fruto de una profunda labor de sensibilización por parte de la Junta para dar visibilidad al colectivo y romper estereotipos.
El empleo un paso más
El año pasado la Junta destinó un presupuesto de 5,1 M€, cofinanciado por FSE+ para el empleo y la formación de personas con discapacidad. Del total de 4.163 usuarios, más de 300 personas pudieron realizar prácticas en Centros Especiales de Empleo y 1.323 personas lograron un contrato de trabajo, con un porcentaje de contratación del 31,8 % y la participación de 30 entidades. Actualmente, Castilla y León cuenta con 355 Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a 6.737 personas con discapacidad.
El programa de viviendas y apoyos para la vida independiente también supone un gran avance para mejorar la vida de las personas con discapacidad y como complemento a los itinerarios de empleo. El año pasado se habilitaron 144 viviendas y 278 personas pudieron acceder a una vida independiente, para lo que se destinaron 2,6 M€ cofinanciado por FSE+.
Un reto importante al que ha aludido es al envejecimiento de las personas con discapacidad, debido precisamente a la mejora de la calidad de vida fruto de un sistema que se adapta a las necesidades de los ciudadanos como sucede con el impulsado por la Junta, cuyas implicaciones abarcan todos los ciclos vitales.
Para finalizar, la vicepresidenta ha manifestado que la Cátedra de Fundación Personas es un ejemplo de colaboración y trabajo en red, que recoge el espíritu colaborativo de la Ley de atención a las personas con discapacidad, una norma que compromete a todos los ámbitos y sectores implicados en su atención: sanidad, servicios sociales, educación, empleo o vivienda.
Isabel Blanco destacó su voluntad de seguir colaborando, también ahora, como responsable en las competencias de vivienda de la Junta con especial sensibilidad con el medio rural.
