El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha declarado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 en relación con la querella que le interpuso el antiguo jefe del Servicio de Basuras del Ayuntamiento. La querella, que también incluye a la vice-interventora municipal y al antiguo secretario municipal, acusa a los funcionarios de “denuncia falsa” y “malversación” en la gestión del contrato de limpieza urbana.
El caso se remonta a varios años atrás, cuando el jefe del Servicio de Basuras fue señalado por supuestamente permitir que la empresa concesionaria, 'Zamora Limpia', cobrara de forma indebida casi 10 millones de euros. Aunque la vía penal fue archivada, la causa sigue abierta en la vía contencioso-administrativa.
Durante su declaración, Guarido negó rotundamente los cargos y explicó que la denuncia inicial realizada por la vice-interventora se ajustaba a la ley: “No hay ninguna denuncia falsa; la denuncia en su día fue correcta. La vice-interventora actuó dentro de sus competencias y puso los hechos en conocimiento del juzgado para que se investigaran”, aseguró.
Respecto a la acusación de malversación, el alcalde recordó que las modificaciones del contrato de basuras, incluidas las de 2016, contaban con informes favorables de los técnicos municipales y del propio jefe del servicio, y son habituales en un contrato que ha durado más de 20 años. Según Guarido, estas modificaciones se realizaron “para el interés general y el buen funcionamiento del servicio”.
El alcalde enfatizó que su actuación y la de los funcionarios implicados siempre ha buscado “el bien de la ciudad” y la recuperación de los recursos públicos, destacando que el pleno del Ayuntamiento en 2021 se personó en apoyo a la vice-interventora en el juzgado de lo penal. “Estamos defendiendo los intereses del Ayuntamiento, y todo se ha hecho de manera escrupulosa”, señaló.
Guarido calificó la querella como una reacción por desavenencias o rencores personales del antiguo jefe del servicio y confía en que la causa será archivada. La cantidad objeto del contencioso administrativo asciende a 9,150 millones de euros, que el Ayuntamiento reclama a Zamora Limpia como parte del procedimiento de liquidación del contrato.