El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto que unifica criterios de actuación de cara a la aplicación de la nueva ley del "Sólo sí es sí" que ya ha derivado en al menos 12 rebajas de condenas y cinco excarcelamientos de acusados por delitos de agresión sexual. Al menos tres de esas rebajas se han aplicado en Castilla y León.
El Ministerio Público establece una reducción de los supuestos que sería susceptibles de rebaja de condenas por agresión sexual. A través de un decreto establece que deberá revisarse la pena para aquellos casos en los que sea superior a la que le correspondería según al nueva ley. Esto es, si la ley rebaja las penas máximas o mínimas, en aquellos casos en los que el reo resulta beneficiado la postura de la Fiscalía es aplicar la norma, mientras que en el caso de las penas intermedias se mantendría la condena inicial.
De esta manera "la revisión solo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal", tal y como ha explicado la Fiscalía. De esta forma se apuesta por seguir el criterio establecido en la disposición transitoria del Código Penal desde 1995.
Al haberse rebajado la pena mínima por agresión sexual de seis a cuatro años, un condenado a seis amos de prisión se verá beneficiado con un recorte en su pena de dos años, si bien no tiene por qué revisarse en el caso, por ejemplo, de un condenado a siete u ocho años al no afectar a la pena mínima.
De esta manera la postura del Ministerio Público supondría oponerse a la mayoría de rebajas de condena que ya se han aplicado. Es el caso por ejemplo de la primera rebaja que se dio a conocer, el del padre que abusó de su hijastra y que rebajaba la pena inicial de ocho años de cárcel.
En todo caso, y pese al peso de la Fiscalía -que apuesta por huir de automatismos" y revisar cada caso de manera individualizada- son los jueces los que tienen la última palabra y sobre los que ha puesto el foco Unidas Podemos. Será por lo tanto determinante la decisión que en los próximos días adopte el Tribunal Supremo.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aplaudido la decisión de la FGE y asegura que la ley del solo sí es sí "es sólida y sirve para proteger los derechos de las mujeres". Un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter que posteriormente ha borrado. La ley continúa generando tensiones entre el Gobierno de coalición, firme defensor de la norma, y la oposición que la tacha de "chapuza" e "infame".
