Pero en Castilla y León la reforma de la Ley de Publicidad Institucional parece haber sido todo lo contrario: una ley orquestada, votada por la alianza sorprendente de Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox, junto al grupo mixto y con el fin (según se interpreta) de hacerle la cama al Partido Popular (PP).
El texto legislativo impone que ningún medio de comunicación pueda percibir más del 33 % de sus ingresos anuales mediante contratos de publicidad institucional.
Sí, han leído bien: un tercio.
Y además, prohíbe la contratación institucional con medios que hayan sido condenados en sentencia firme. ¿Y quién se lo pregunta? ¿Quién los escucha?
Aquí es donde está el meollo: los medios de comunicación —sobre todo los pequeños, los digitales, los independientes— no fueron llamados al debate o al menos no con la claridad que exige una norma que les afecta tan directamente.
El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ya pidió modificar la ley y adaptarla con consenso. El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió un dictamen advirtiendo de su posible inconstitucionalidad.
Y veinticinco sociedades editoras de otros tantos medios de las nueve provincias han recurrido ante el tribunal autonómico.
Mientras tanto, los autónomos, los trabajadores de medios, las empresas de comunicación local —esas que “están ahí cada día” y que sostienen la pluralidad informativa— se preguntan si la letra que pretendían controlar no les está pisando ya el cuello.
¿Por qué tanto revuelo?
Porque el texto de la ley no sólo impone un tope:
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Quita músculo a los medios que dependen de la publicidad institucional y elimina parcialmente su capacidad de supervivencia financiera.
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Introduce prohibiciones que, según los informes, exceden las competencias autonómicas.
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Altera el modelo de financiación de los medios y parece diseñar una nueva jerarquía de quién puede sobrevivir y quién no.
Imaginemos a un medio modesto en Zamora, León o Ávila. Supongamos que de sus ingresos totales, un 35 % venía de contratos institucionales —ayuntamientos, diputaciones, campañas autonómicas—. Con esta norma, ese medio ya no puede recibir esa cantidad sin entrar en conflicto, sin riesgo. Y en muchas provincias eso significa menos ingresos, menos personal, menos maquinaria.
Y mientras todo esto pasa… no hay presupuestos claros, “entre cuanto elecciones”, dicen, y algunos medios ya anuncian despidos, recortes.
¿Publicidad institucional o control ideológico?
El argumento del PSOE, Vox y Podemos es que “se trata de reducir la dependencia de los medios del dinero público, de evitar que se conviertan en meros altavoces del poder" Hasta aquí, aceptable y hasta necesario.
Pero… ¿y si en vez de pluralidad se favorece a los medios grandes que pueden operar sin ese tercio? ¿Y si los que sí dependen se asfixian? ¿Y si se vota sin consensuar con los afectados? Eso ya no es transparencia, es apuesta política.
Zamora, CyL y la “pluralidad” que apenas se siente
Que la comunidad más grande de España en extensión tenga la sensación de ser la más ignorada es irónico. Y que los medios locales de Zamora —que luchan por sobrevivir en una economía pequeña y un mercado reducido— tengan que preocuparse por una ley aprobada sin su voz, lo es aún más.
Porque la pluralidad informativa se construye con medios localizados, con periodistas en cada pueblo, con autónomos que reparten prensa, con webs que cubren lo que TV y grandes agencias no llegan.
Limitar su financiación sin prever su viabilidad real es, ante todo, un golpe al sustento diario de la libertad de prensa.
Y ahora… ¿ qué toca?
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Los medios han recurrido.
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El Consejo Consultivo ya pidió que se modifique.
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El tiempo corre y los contratos ya están en marcha.
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Las campañas institucionales siguen… pero los medios “elegibles” se preguntan si entrarán o quedarán fuera.
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Y los periodistas se enfrentan a la realidad de que la ley que debía proteger pluralidad puede estar matando de nuevo al vecino pequeño.
Conclusión: Ningún auto se barre si nadie lo pide
Sí, entre dimes y diretes de PSOE, PP, Vox y Podemos, las escobas vuelan y algunas casas de los autónomos de prensa quedan sin barrer.
Porque aprobar una ley sin escuchar al que la va a cumplir no es democracia, es improvisación.
Y no estoy hablando de partidos: estoy hablando de trabajadores, periodistas, empresas pequeñas… de libertad.
Quien se siente en la tribuna de la política debe saber que la comunicación no es un juguete. Y quien decide marcar el 33 % como límite… debe saber que eso no es solo cifra: es supervivencia.
Zamora, los medios de Castilla y León, los periodistas… todos estamos pendientes- Porque la ley puede cambiar, los contratos pueden llegar… o no.
Y cuando no lleguen… ya veremos qué queda del “pluralismo”.
