La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo decidía esta tarde tras 15 horas repartidas en dos días de deliberaciones, dar la razón a los bancos y recular sobre las sentencias anteriores que ahora parece que de nada sirven.
El Supremo ha decido por 15 votos a 13 rechazar los recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid y volver a la jurisprudencia que había estado vigente durante más de 20 años atrás y que fija que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) tiene que pagarlo el cliente. Una decisión de todas maneras impopular que va a costar protestas de nuevo y sobre todo una desconfianza manifiesta en la jurisprudencia que ha vuelto a dejar claro que los lobys bancarios mandan en este país.
En dos días de deliberaciones la votación se ha declinado a favor de la banca y no como se esperaba hacia el cliente ya que los AJD como es de razón más que popular y ya se había sentenciado anteriormente eran de todas formas carga bancaria. Las organizaciones de consumidores han anunciado ya su contrariedad y los más de un millón y medio de hipotecdos no recibiran de los bancos el dinero que suponía un desembolso de más de 4.000 millones de euros que los bancos acaban de ganar de un plumazo.
La nota informativa de la sala tercera era la siguiente: "El Pleno de la Sala III, tras dos días de deliberaciones, ha acordado por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario. El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días".
Esperando las decisiones sobre la apelación que aún es posible en cuanto se conozca el texto de la sentencia, las reacciones de las asociaciones de consumidores como FACUA, ADICAE, y OCU califican de momento de una decisión bochornosa, aberrante e inaudita la tomada por el Supremo esta tarde. Mañana la bolsa volverá a subir y los lobys bancarios se frotarán las manos, pero está claro que la lucha por una justicia nunca mejor dicho justa volverá a tener a los más de un millón y medio de hipotecados en contra de una decisión que a todas luces es impopular y sobre la que partidos políticos, asociaciones de consumidores y ciudadanos de a pie tienen aún mucho que decir sobre ello. Las espadas seguirán en alto y seguro que esta decisión cargará las tintas contra el poder jurídico que esta vez se ha aliado con otro de los poderes del sistema capitalista como es el bancario.
