La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, aprovechó la visita al Espacio CyL Digital en Zamora para pronunciarse sobre el desahucio que este miércoles afectará a una familia monoparental, de una mujer víctima de violencia de género y sus dos hijos menores. La responsable territorial detalló que conoce personalmente el caso y que la persona afectada “rechazó una vivienda hace mes y medio en Santibáñez de Vidiriales con un alquiler simbólico de 60 euros”.
A día de hoy, según lo comunicado por San Damián, la vivienda del municipio de los Valles ha sido adjudicada a otra familia y el expediente de la familia que este miércoles se quedará en la calle deberá a volver a ser tramitado por una comisión de seguimiento de la Junta.
De acuerdo con lo expresado por la delegada, la tramitación de los alquileres sociales y la adjudicación de viviendas requieren “de la información que nos facilitan los servicios sociales de los Ayuntamientos, en este caso el de Zamora”. Una vez que se disponen de dichos datos, los expedientes son valorados por una comisión de seguimiento compuesta por la Gerencia de Servicios Sociales, el Ayuntamiento en cuestión y la Consejería de Fomento y Medioambiente. De dicha reunión se decide si la familia solicitante cumple los requisitos y, en función de sus necesidades, se le otorga un alquiler social u otro.
La delegada pone la pelota en el tejado del Ayuntamiento
PAH Zamora insta a las instituciones, Ayuntamiento y Junta, a reunirse de urgencia antes de que se ejecute el proceso de desahucio de este miércoles. Sin embargo, Clara San Damián afirma que “la Junta no puede solicitar por sí misma una comisión para adjudicar una vivienda sin los datos pertinentes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento”. De este modo, la delegada territorial de la Junta pasa la pelota al Consistorio zamorano, que es el que debería incoar un procedimiento express (si es que la ley y la burocracia lo permiten) para que el órgano autonómico pudiera reunirse de urgencia y adjudicar una residencia a esta familia. Objetivo final, que por lo expuesto por la delegada, parece muy lejos de producirse en un lapso de tiempo tan limitado.
Por último, San Damián recordó que la Junta tiene más de 200 solicitudes de alquiler social, de los cuales restan más de 150 expedientes por resolver. Igualmente especificó que en 2019 la Junta entregó 550 ayudas de alquiler social, con un importe total de más de 800.000 euros.
