La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) hace un llamamiento a los empleados públicos de Castilla y León para que participen en las movilizaciones del próximo 30 de octubre ante las subdelegaciones del Gobierno de las nueve provincias. La protesta, convocada por CSIF, CCOO y UGT, reclama la apertura urgente de una negociación que permita aplicar la subida salarial de 2025 y alcanzar un acuerdo plurianual que garantice la estabilidad retributiva.
“La paciencia se ha terminado”, ha advertido en Zamora la secretaria nacional de Negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro, subrayando la “enorme importancia” de estas movilizaciones, que podrían desembocar en la primera huelga general de empleados públicos en la era de Pedro Sánchez si el Gobierno no reacciona. “Es el momento de una gran movilización en toda España para que el Gobierno nos escuche y negocie”, afirma Dorronzoro.
La dirigente sindical ha recordado que el Ejecutivo adeuda 1.860 millones de euros a los empleados públicos en los 10 meses de este año, lo que equivale a una pérdida de un 3% de poder adquisitivo en el último año, y más del 20% acumulado desde 2010. “Es inaceptable que un Gobierno que exige subidas salariales a la patronal privada se olvide de sus obligaciones como empleador público”, denuncia.
CSIF critica que el ministro de Función Pública, Óscar López, “desprecie” la negociación y avisa de que “los empleados públicos no pueden seguir siendo los paganos del bloqueo político. El Gobierno puede aprobar la subida, aunque no haya Presupuestos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Nos está utilizando como moneda de cambio parlamentaria”, ha denunciado Dorronzoro.
“Los empleados públicos son los que sacan adelante los servicios esenciales de los ciudadanos en todas las administraciones: sanidad, educación, asistencia social, seguridad, emergencias… Merecen dignidad, respeto, estabilidad y salarios dignos. Por ejemplo, bomberos forestales que se han jugado la vida este verano y algunos la han perdido”, concluye.
PLANTILLAS AGOTADAS DE AGE EN CASTILLA Y LEÓN
El presidente del sector de Administración General del Estado (AGE) en CSIF Castilla y León, Juan Carlos González, ha advertido de la “situación crítica e insostenible” que atraviesan los servicios públicos de la Administración del Estado en la Comunidad. “Contamos con 11.300 trabajadores y trabajadoras, con plantillas muy envejecidas, sobrecargadas y con una desmotivación creciente”, explicó. “Gestionan servicios tan esenciales como las prestaciones sociales, el paro, el Ingreso Mínimo Vital y la atención ciudadana con recursos cada vez más limitados”.
González lamenta que “da igual qué servicio se analice. Es un desastre. Seguridad Social, SEPE, IMSERSO, Extranjería, Tráfico o la Confederación Hidrográfica del Duero, todos están desbordados y al límite por la falta de personal, acumulando expedientes y listas de espera”. CSIF reclama un refuerzo urgente de plantillas, la eliminación de la tasa de reposición y la mejora de las condiciones de jubilación, además de medidas para frenar el abuso de la temporalidad, que la Unión Europea fija en un máximo del 8%.
Los delegados de AGE de CSIF Castilla y León han celebrado en Zamora un Comité Ejecutivo para analizar y hacer seguimiento de la situación de los diferentes servicios de la administración central.
