COAG ha lanzado una seria advertencia sobre el encarecimiento del gasóleo agrícola, cuyo precio ha aumentado un 95,63% en lo que va de año, situándose en 1,542 euros por litro a fecha del 9 de abril. Un incremento que, según la organización, está directamente vinculado a la inestabilidad internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
A través de su empresa de servicios, Coordinación Agraria, con sede en Zamora, la organización agraria subraya que esta tendencia no es puntual, sino extrapolable al conjunto de Castilla y León, donde los profesionales del campo afrontan una de las campañas más exigentes desde el punto de vista económico.
Desde el inicio del conflicto en Irán, el precio del gasóleo B ha experimentado además una subida del 60%, lo que ha neutralizado por completo medidas como la subvención de 20 céntimos por litro aprobada por el Gobierno, cuyo efecto ha quedado diluido ante el encarecimiento continuado del carburante.
El coordinador de COAG, Lorenzo Rivera, ha puesto cifras al impacto de esta escalada: por cada 10 céntimos de subida en el precio del gasóleo, el sector agrario asume un sobrecoste de 7 millones de euros en la comunidad. Una presión económica que llega en plena campaña, considerada ya como la más cara de la historia de la agricultura española.
La organización también advierte del denominado “efecto cohete-pluma”, por el que los precios de los combustibles suben rápidamente pero bajan de forma mucho más lenta, manteniéndose en niveles elevados durante más tiempo. Una dinámica que, según COAG, está ligada a comportamientos especulativos en el mercado energético.
Ante este escenario, la organización agraria reclama medidas más contundentes por parte de las administraciones y plantea establecer un tope al precio del gasóleo agrícola como mecanismo para frenar la volatilidad y evitar abusos. Una fórmula que ya se aplica o estudia en países como Francia, Hungría, Portugal o Croacia.
No obstante, desde COAG apuestan por una aplicación “racional y negociada” de esta medida, que podría centrarse en limitar los márgenes de beneficio de las distribuidoras o aplicarse únicamente a sectores estratégicos como el agropecuario, el transporte o la distribución. Además, plantean que se active solo en contextos de crisis y mediante acuerdos con las operadoras, siguiendo modelos que ya están dando resultados en otros países europeos.
