El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley para su debate en pleno con el objetivo de exigir un ‘Plan Zamora’ de prevención, reconstrucción y recuperación de los incendios forestales.
Una iniciativa que demanda aprobar un Plan conjunto entre las administraciones central y autonómica, y que incida especialmente en la reforestación inteligente para proteger a los nuevos bosques de futuros incendios.
Un modelo que, advierte el texto, será extensivo a otras provincias y territorios que sufran incendios forestales, así como las medidas siguientes.
Además, se insta al ejecutivo central a celebrar una Conferencia de Presidentes de carácter extraordinario para impulsar el compromiso para que las Comunidades Autónomas redoblen la coordinación y los recursos destinados a la prevención de incendios y la gestión de recursos forestales, limpiando de malezas campos y montes y aprovechando estos recursos para la generación de energía mediante biomasa.
Asimismo, revisar el régimen sancionador para los supuestos de incendios originados por la actividad humana, con el objetivo de maximizar la capacidad de disuasión para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de intencionalidad. Y, revisar especialmente el régimen penal previsto en el Capítulo de incendios del Código Penal (arts. 351-358), incrementando las penas, sobre todo para supuestos sin peligro para la vida o integridad física de las personas.
Impulsar una revisión de las estrategias de reforestación autonómicas para asegurar que sirven también como estrategias de prevención de nuevos incendios, buscando el equilibrio entre el sostenimiento de especies autóctonas con un entorno más seguro ante incendios.
La iniciativa advierte la necesidad de incluir al Plan de Medidas ante el Reto Demográfico medidas para incentivar el establecimiento y desarrollo vital de la agricultura y la ganadería como activos fundamentales frente a los incendios forestales.
Impulsar la cooperación entre administraciones, con especial incidencia en la facilitación de trabajos silvícolas, reforzando las ayudas para mantener el monte durante todo el año y aligerando las cargas burocráticas para quienes las reciben.
Y exige presentar un plan de refuerzo de la dotación, tanto personal como económica, de los servicios de emergencias y extinción de incendios. Un plan que deberá evitar la temporalidad y la focalización en el verano, ampliando las tareas de prevención a todo el año y generando así empleo verde.
También, en la medida de lo posible, responsabilizar de las tareas de extinción a los equipos encargados simultáneamente de la prevención.
Sin olvidar la revisión de los parámetros para declarar temporadas de riesgo de incendios, de forma que no sólo se califique como alto riesgo los meses de julio, agosto y septiembre, sino que se base en indicadores de humedad, sequedad de las masas forestales, vientos y estado de gestión del matorral.
Así como, modificar los niveles de riesgo actuales para facilitar la coordinación entre Comunidades Autónomas y el Gobierno central en materia de respuesta ante incendios, de forma que la Unidad Militar de Emergencias (UME) pueda intervenir en labores de respuesta ante incendios en aquellos de nivel 1, y no sólo a partir de aquellos que son declarados como nivel 2.
Finalmente, la formación liberal demanda invertir en nuevos medios de detección temprana y respuesta rápida ante incendios en sus primeros treinta minutos de desarrollo, incluyendo la vigilancia de zonas de riesgo mediante drones y la instalación de sensores y detectores.
