Este proceso debe realizarse de un modo transparente, conforme a los procedimientos informatizados de elección y cobertura de vacantes y sustituciones denominados AIVI y AISI respectivamente. Y solo en los casos en que, agotado dicho proceso, algunas plazas docentes no hubieran podido ser cubiertas, la administración autonómica puede acudir a otros procedimientos alternativos tales como listados extraordinarios o las listas dinámicas de profesores.
Pero esto no ha sido así en todos los casos. Desde la sección sindical de CGT en Zamora hemos podido comprobar, una vez acabado el habitual plazo de contrataciones de principio de curso, que la administración educativa autonómica no ha seguido en todos los casos el procedimiento estipulado y de obligado cumplimiento para la cobertura de plazas de profesorado, y en cambio ha efectuado “ofertas personalizadas” en algunas especialidades para cubrir vacantes en la provincia de Zamora.
CGT ha tenido constancia de que la administración educativa ha contactado con diversos aspirantes de forma directa, ya sea a través de su correo electrónico o incluso de llamadas telefónicas, para ofrecerles determinados puestos de trabajo docentes sin respetar los procedimientos empleados para el común de los profesores interinos (AIVI y AISI), y sin haber esperado a ver si las plazas docentes se cubrían a través de ambos procedimientos.
Este hecho, que se ha producido en varias especialidades docentes al menos en la provincia de Zamora, supone una ruptura total de la transparencia en materia de contratación pública que la administración educativa tiene obligación de cumplir, a la vez que suscita todo tipo de sospechas de enchufismos o favoritismos, desde el momento en que a la mayor parte del profesorado interino se le aplica el procedimiento estandarizado de cobertura de vacantes/sustituciones (AIVI/AISI), mientras que a otras personas, de manera arbitraria y opaca, se les realizan ofertas al margen del sistema general, que les benefician, a la vez que suponen un perjuicio claro para el resto de aspirantes a cubrir dichas plazas docentes, que dejan de tener la posibilidad de optar a todos esos puestos de trabajo.
Todo ello socava asimismo el derecho que los propios afectados, y las organizaciones sindicales tienen, y que la administración debe respetar, de poder comprobar el correcto y transparente funcionamiento del proceso de oferta y contratación pública, dado que la administración ni ha informado a través del portal de educación o cualquier otro medio de la existencia de estos hechos que CGT denuncia, ni ha aportado a las organizaciones sindicales ningún tipo de documentación que avale tales prácticas.
Desde CGT exigimos a la administración educativa que investigue estos hechos, identifique todos los casos en que la contratación ha vulnerado los procedimientos establecidos, tome las medidas necesarias para sancionar tales prácticas irregulares, e informe de todo ello tanto a la opinión pública como a las organizaciones sindicales, como legalmente está establecido.
