Según CCOO, la Consejería de Medio Ambiente ha decidido eliminar varias plazas en Zamora, mientras que en otras provincias de la comunidad autónoma se mantienen o incluso se incrementan los recursos. Esta decisión afecta particularmente a áreas clave como la gestión de Espacios Naturales, la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental y la capacidad de control de la contaminación. La reducción de estos recursos en Zamora contrasta con el aumento de personal en otras provincias, lo que ha sido interpretado por el sindicato como una clara penalización hacia la provincia más afectada por los recientes desastres naturales.
El verano de 2022 dejó una profunda huella en Zamora, donde los incendios no solo causaron daños ecológicos irreparables, sino que también evidenciaron la falta de preparación y respuesta adecuada por parte de la Consejería. La denuncia de CCOO subraya que, a pesar de las promesas de mejora y apoyo, la provincia sigue sufriendo una carencia de recursos vitales para una gestión efectiva y equitativa de los problemas ambientales.
“Es inaceptable que Zamora, una provincia que ha pagado un alto precio en términos de daños medioambientales, sea además castigada con la reducción de recursos humanos esenciales para la gestión y prevención de futuros desastres,” afirma un representante de CCOO. “Exigimos a la Junta que revierta esta decisión y proporcione a Zamora los recursos necesarios para igualar las oportunidades que se ofrecen a otras provincias de Castilla y León.”
La crítica de CCOO llega en un momento en que se espera que la Junta de Castilla y León tome medidas para garantizar una distribución más equitativa de los recursos y una respuesta adecuada a las necesidades específicas de cada provincia. La presión pública y sindical podría ser un factor clave para que la administración regional reevalúe su estrategia y adopte una postura más equilibrada en la asignación de recursos.
Este episodio pone de relieve las tensiones persistentes entre las autoridades regionales y las provincias afectadas por desastres medioambientales, así como la necesidad urgente de una revisión y mejora en la gestión de los recursos destinados a la protección y conservación del medio ambiente en Castilla y León.
