El pleno de la Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para la rehabilitación de viviendas en el medio rural con el fin de destinarlas al alquiler social. Con una inversión total de 832.000 euros, financiada al 50% por ambas instituciones, el programa busca recuperar inmuebles en desuso para fijar población en municipios de la provincia.
El acuerdo fue aprobado con 21 votos a favor y dos abstenciones del grupo de Izquierda Unida, que destacaron algunas deficiencias en el procedimiento.
Laura Rivera (Izquierda Unida) ha expresado que, aunque el objetivo del programa es adecuado, existen problemas legales y de procedimiento. Rivera criticó la falta de claridad en el convenio sobre quién gestionará las subvenciones y denunció que no se cumple con la Ley General de Subvenciones. “Las bases publicadas parecen respetar la concurrencia competitiva, pero en realidad la financiación será distribuida de forma directa”, ha señalado. A pesar de estas objeciones, IU se abstuvo de no bloquear una iniciativa que podría beneficiar a los pueblos más pequeños.
Sandra Veleda (PSOE) ha indicado que, aunque existen informes desfavorables por cuestiones legales y técnicas, su grupo votó a favor por responsabilidad política y para apoyar las inversiones necesarias en el medio rural. Veleda llama a la Junta a asumir sus competencias y mejorar la planificación de estos programas.
Javier Faúndez (Presidente de la Diputación) ha defendido el convenio, subrayando que la colaboración multiplica los recursos destinados a un objetivo común: facilitar la vivienda en los pueblos y combatir la despoblación. Faúndez también destaca otros programas de vivienda previstos en los presupuestos de la Diputación, como la construcción de 100 viviendas de protección oficial en la provincia.
Laura Rivera insistió en la necesidad de incluir estas subvenciones en el plan estratégico de la Diputación y de garantizar procedimientos transparentes. También pidió que se realice un censo actualizado de viviendas municipales que necesiten rehabilitación.
Por su parte, Sandra Veleda señala que el convenio es solo un paso y que la Junta debería asumir un papel más activo en la solución de los problemas de vivienda en el medio rural.
