El Juzgado de lo Penal número 1 de Zamora ha condenado a un año de prisión a dos personas por un delito de atentado contra la autoridad sanitaria, tras protagonizar un grave episodio de amenazas e intimidación a una médica del sistema público en un centro de salud de la capital zamorana. Los hechos, que se remontan al 5 de enero de 2022, se produjeron fuera del horario habitual de consulta, cuando los ahora condenados irrumpieron en el centro exigiendo ser atendidos de forma inmediata.
Ante la negativa del personal administrativo, ambos individuos esperaron a que la doctora abandonara el edificio para increparla a gritos. Según recoge la sentencia, le profirieron insultos como “eres una inútil” y “te vamos a denunciar al Colegio de Médicos”, además de poner en duda su profesionalidad. No conformes con la agresión verbal, procedieron a grabarla con un teléfono móvil, advirtiéndole de que difundirían las imágenes y llevarían su caso ante la institución colegial.
La situación llegó a tal nivel de tensión y violencia verbal que la profesional tuvo que solicitar el auxilio de otros dos facultativos presentes en el centro para contener a los agresores. El tribunal ha considerado probado que los acusados actuaron con un claro desprecio a la autoridad que representa el personal sanitario en el ejercicio de sus funciones, encuadrando su comportamiento dentro del artículo 550 del Código Penal, que contempla el delito de atentado contra funcionario público.
Además del año de prisión, la sentencia impone a ambos la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas judiciales, incluidas las de la acusación particular. El juez advierte en el fallo que no concurren circunstancias que permitan suspender la ejecución de la pena, lo que podría traducirse en su ingreso efectivo en prisión.
El Colegio de Médicos de Zamora ha salido en defensa de la facultativa, mostrando su “respaldo absoluto” y rechazando de forma contundente “cualquier tipo de violencia verbal, intimidación o coacción hacia los profesionales sanitarios”. Desde la institución se insiste en que este tipo de agresiones “refuerzan la necesidad de seguir protegiendo jurídicamente a quienes cuidan de la salud de todos, reconociendo su papel como autoridad y garantizando así tanto su seguridad como la calidad del sistema sanitario”.
