La prestación económica mensual que la Junta de Castilla y León otorga a los familiares que cuidan a sus ancianos en casa es notablemente inferior a la ayuda destinada a quienes contratan servicios de asistencia domiciliaria. Así lo denuncia Ahora Decide, que califica de "cicatera e injusta" esta diferencia y exige una modificación en la normativa vigente para corregir lo que consideran una discriminación evidente hacia los cuidadores familiares.
El partido recuerda que la Ley 16/2010 de 20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla y León establece que los servicios sociales deben garantizar prestaciones esenciales, entre ellas los centros de día, las residencias, la ayuda a domicilio y la prestación económica para familiares no profesionales que cuidan a sus mayores en su hogar. Sin embargo, Ahora Decide critica que el Decreto 58/2014 de 11 de diciembre, que regula el catálogo de servicios sociales, estipula que la cuantía de estas ayudas será determinada por la Junta bajo principios de equidad, proporcionalidad y solidaridad, principios que, a su juicio, no se cumplen, ya que el sistema favorece claramente a las empresas privadas de cuidados frente a los familiares que asumen la atención de los dependientes las 24 horas del día y los 365 días del año.
Según Ahora Decide, la reciente Orden FAM/26/2024 establece que un familiar que cuide a un anciano con el máximo grado de dependencia puede recibir hasta un máximo de 473 euros al mes. En cambio, si opta por solicitar ayuda a domicilio, la cuantía asciende a 1.105 euros mensuales, aunque este servicio solo cubre un máximo de tres horas diarias y excluye fines de semana y festivos. En los niveles de dependencia II y I, la diferencia es igualmente significativa: los cuidadores familiares reciben 328 o 187 euros al mes, respectivamente, mientras que la ayuda a domicilio alcanza los 903 y 467 euros mensuales.
Desde Ahora Decide denuncian que la Junta de Castilla y León ha reducido progresivamente su interés en fomentar la prestación de cuidados en el entorno familiar. Además, critican que la cantidad que reciben los cuidadores familiares en 2024 es inferior a la que se otorgaba en 2009, a pesar de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha aumentado más del 30% en ese periodo.
El partido subraya que la administración regional prioriza el beneficio de las empresas privadas sobre el bienestar de las familias que asumen la responsabilidad de cuidar a sus mayores. Un dato que refuerza su denuncia es que un familiar que atiende a un dependiente de grado I en su hogar recibe menos dinero al mes que un procurador que asiste a un pleno de las Cortes que dura poco más de un día.
Ahora Decide ha anunciado que se pondrá en contacto con los procuradores en Cortes de Soria Ya para registrar una Proposición No de Ley con el objetivo de modificar la Orden FAM/26/2024 y solicitar un aumento significativo de la prestación económica a familiares no profesionales que cuidan a sus ancianos. La propuesta busca que esta ayuda supere la cuantía destinada a la prestación vinculada al servicio (PVS) y la asistencia personal (PAP).
El partido también manifiesta su apoyo a los 500 cuidadores familiares reconocidos en la provincia de Zamora, quienes desempeñan una labor ininterrumpida sin días libres ni vacaciones y que, además de ejercer como cuidadores, asumen funciones de enfermería, psicología, fisioterapia y nutrición. Por ello, exige a la Junta de Castilla y León una reforma inmediata del sistema de prestaciones para que la ayuda económica a estos cuidadores se equipare a la que se otorga a la prestación de ayuda a domicilio.
