miércoles. 30.11.2022

El PSOE interpelará a Prieto Calderón por la contratación de servicios jurídicos de la Diputación con una abogada de Salamanca

El Portavoz del Grupo Socialista formulará tres preguntas en el Pleno: ¿Por qué se contratan abogados externos teniendo la Diputación servicios jurídicos propios? ¿Cuál es el motivo de que esta contratación externa se haga con abogados que no son de Zamora? ¿Qué relación les une al señor Prieto Calderón o al señor Requejo con la citada abogada de Salamanca para contratar sus servicios?

La Diputación ha habilitado una partida presupuestaria en cantidad de 3.000 euros para contratar a los anteriores profesionales, aportando la letrada de Salamanca presupuesto de 2.200,00 € + IVA

El Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Zamora, Eduardo Folgado, ha anunciado la interpelación en el Pleno al Diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Prieto Calderón, en relación a la contratación de servicios jurídicos a una abogada y a un procurador ante los tribunales de Salamanca.

Como ha informado el Portavoz del PSOE, mediante orden de incoación de fecha19 de Agosto se ordena por el Diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior la contratación de los citados servicios jurídicos con una abogada de Salamanca y un procurador, con nombres explicitados en la propuesta para promover el expediente en base a la necesidad de contratar la representación y defensa de esta entidad local en el procedimiento abreviado 138/2022 que pende ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N°1 de Zamora, estando demandada la Diputación Provincial de Zamora.

Actualmente se encuentra vacante la plaza y el puesto de Técnico- Letrado adscrito a la Secretaría, plaza que lleva mucho tiempo sin ser cubierta por qué no haberse realizado el oportuno expediente para cubrirla. Es este puesto de trabajo vacante el que debe llevar la defensa de la Diputación en los procedimientos judiciales que se instruyan en el Juzgado contra la Entidad.

Actualmente existen dos Asesores Jurídicos en la Diputación Provincial que eventualmente podrían desarrollar la citada defensa, uno adscrito al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios y otro al Servicio de Sanidad y Bienestar Social, sin embargo, en este momento tal colaboración dicen que se plantea inoperante el periodo de disfrute vacacional y la elevada carga de trabajo que soportan ambos, lo que implícitamente supone reconocer por el propio responsable de Recursos Humanos y Régimen Interior que es necesaria y urgente sacar la mencionada plaza.

El propio Informe de la Secretaría General de la Diputación Provincial de Zamora de 29 de Agosto, en relación a la contratación de los citados servicios jurídicos externos, señala literalmente en su conclusión segunda: “No obstante lo expuesto en el apartado precedente, las tareas descritas podrán ser asumidas por parte de las asesoras jurídicas de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social, siempre que ello fuera compatible con las necesidades del correspondiente servicio”.

Se plantea por tanto la contratación de un abogado y procurador a través del expediente administrativo conforme establecen los arts. 118 y 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a través del contrato menor, invitando tan solo y directamente a la abogada Dª María Oliva Sánchez Rodríguez, Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca.

El colegio de abogados de Zamora tiene colegiados cerca de 330 Letrados y Letradas sin que se le haya invitado a ninguno en la presente contratación. Añade la información que se habilita partida presupuestaria en cantidad de 3.000 euros para contratar a los anteriores profesionales, aportando la letrada de salamanca presupuesto de 2.200,00 € y el Procurador 462,00 €, más el IVA correspondiente.

Pero además la letrada en el presupuesto presentado señala que a ese presupuesto se le adicionarán los gastos de desplazamiento. Además de invitar a una letrada de Salamanca ésta cobra los desplazamientos aparte habiendo 330 abogados y abogadas en Zamora que no cobrarían el desplazamiento. Folgado se ha referido al citado Informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial de Zamora que cita expresamente el artículo 6 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Zamora que establece que son aplicables los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, coordinación y cooperación entre el Técnico-Letrado de la Diputación Provincial de Zamora y los Asesores Jurídicos de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social de la Diputación Provincial de Zamora.

Asimismo, especifica ese precepto que "En este sentido, el Técnico-Letrado de la Diputación Provincial de Zamora y los Asesores Jurídicos de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social de la Diputación Provincial de Zamora se prestarán, mutuamente, colaboración y asistencia activa en el ejercicio de las funciones contenciosas, fundamentalmente en supuestos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento de los empleados que desempeñen los mencionados puestos de trabajo."

Es cierto que, en virtud de las previsiones reseñadas, las asesoras jurídicas de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social de la Diputación Provincial de Zamora podrían asumir las funciones referidas al servicio jurídico en el presente supuesto y cualquier otro. No obstante, no es menos cierto que ello está limitado, en gran medida, por las necesidades de la unidad administrativa a la que pertenecen (o por la "carga de trabajo si se prefiere).

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