Después de casi 24 meses de parálisis, la Comisión Paritaria Interpretativa (CPI) del convenio colectivo municipal ha quedado oficialmente constituida en el Ayuntamiento de Toro. El anterior equipo de gobierno del Partido Popular había mantenido bloqueado este órgano, dejando a la plantilla sin un instrumento fundamental para interpretar, supervisar y aplicar las cláusulas laborales.
Este órgano colegiado está compuesto por tres miembros nombrados por el Ayuntamiento y otros tres por la parte social, incluyendo representantes de los sindicatos mayoritarios a nivel estatal. En su reunión constitutiva, se debatieron las primeras reclamaciones acumuladas y se estableció el cronograma de trabajo para poner al día aspectos clave del convenio.
Las funciones de la CPI incluyen la interpretación de las cláusulas, su actualización, la resolución de conflictos derivados de su aplicación, la mediación en peticiones de reclasificación profesional y la adopción de medidas cautelares en procesos disciplinarios. Con ello, se busca proteger a los empleados del Ayuntamiento frente a posibles arbitrariedades y garantizar un criterio uniforme en materia laboral.
Para los sindicatos locales, esta reactivación supone “un avance decisivo” que refuerza la protección de los derechos laborales de los aproximadamente mil empleados municipales. El actual equipo de gobierno, en manos ahora del PSOE, ha recogido el guante de este reclamo histórico y ha reiterado su compromiso con “el respeto a los derechos laborales y la mejora continua de las condiciones de trabajo”.
