La Audiencia Provincial de Zamora celebra hoy la primera sesión del juicio contra el ex responsable de una sucursal bancaria, C.M.R., que presuntamente falsificó firmas y se apropió indebidamente de 2,4 millones de euros de fondos de clientes de Toro y Morales de Toro.
Por estos hechos, la acusación particular solicita penas de 16 años y medio de prisión para el acusado que el Ministerio Fiscal reduce a seis años de cárcel, mientras que la defensa solicita la libre absolución.
En el juicio se han dado cita cerca de una veintena de testigos, en su mayoría clientes a los que el acusado anotaba los ingresos bancarios y otras operaciones a mano o con máquina de escribir pero que luego no reflejaba en la contabilidad real de la entidad. De esta forma, originó un agujero económico de 2.431.322 euros que posteriormente repuso a los clientes el Banco de Santander, actual propietario de la entidad en la que trabajó el acusado.
En su declaración, C.M.R. aseguró esta mañana ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Zamora que no actuó en beneficio propio, aunque reconoció que alteró las firmas de clientes y que "a veces hice las cosas mal".
También indicó a preguntas de los abogados que no se apropió de dinero, ni ha tenido negocios ni inversiones a los que desviara los fondos, pese a que el escrito de acusación del Ministerio Fiscal señala que una parte del dinero se lo apropió en disposiciones en efectivo o a través de ingresos en cuentas bancarias de familiares y terceras personas.
El ex director bancario declaró que no se llevó nunca dinero a casa y que lo "pasaba de unas cuentas a otras para cubrir saldos deudores" ya que abonaba intereses "por encima de mercado".
Una de las testigos, que fue la primera que descubrió las irregularidades contables, indicó que al principio le llegaba la notificación del banco de los intereses de un plazo fijo y de las anotaciones de una cartilla "ficticia" pero luego ya no, por lo que comenzó a sospechar y, según declaró, "empecé a tirar de la manta a ver lo que salía". Sus sospechas en el año 2006 y las investigaciones posteriores activaron las alertas y descubrieron los 2,4 millones de euros que faltaban de las cuentas de los clientes.
