En un escrito presentado ante la Secretaria de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecología y Reto Demográfico, la asociación Sanabria Plural y Sostenible, creada por vecinos de Terroso y San Martín de Terroso, para entre otros objetivos defender la Comarca de Sanabria frente a las agresiones ambientales que pueda sufrir, ha reclamado que sea la propia Secretaria de Estado de la Energía la que se pronuncie sobre las autorizaciones exigibles a la plantas fotovoltaicas que se proyectan instalar en la Comarca: FV Coto I y FV Coto II en Cobreros, y FV Sanabria, y FV Ribadelago en los términos de Palacios-Rosinos de la Requejada.
Como quiera que no se trataría de cuatro plantas fotovoltaicas, sino de dos fragmentadas en cuatro de manera artificial y en fraude de ley, y que en realidad cada una de las dos suma una potencia instalada de más de 50 MWp, no sería competente para resolver las autorizaciones el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en Zamora de la JCyL, donde actualmente se tramitan, sino la citada Secretaria de Estado de Energía.
Y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.13 y 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, corresponde a la Administración General del Estado la competencia para autorizar las “Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV”.
Ha contribuido a solicitar la intervención de la Secretaria de Estado el hecho de que desde la asociacion se tengan serias dudas sobre la objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación del Servicio Territorial de Industria, antes citado, al haber impedido tomar conocimiento del expediente administrativo en el caso de planta de Cobreros a quienes lo han solicitado en forma, oponiéndoles una muralla de excusas bochornosas e ilegales, que vulneran la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
