La Federación Zamora en Pie ha calificado de “escándalo” la reciente aprobación por parte de la Junta de Castilla y León del proyecto de planta de biometano en Peleas de Abajo, impulsado por Norton II Ibérica, sociedad participada por San Gregorio. Según la organización, la empresa comenzó las obras sin permiso alguno ni autorización administrativa, e incluso llegó a difundir vídeos en su propia web mostrando el avance de los trabajos ilegales.
Zamora en Pie critica que, pese a esta actuación irregular, la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Zamora haya tramitado el expediente por vía simplificada y en apenas cinco meses, otorgando el visto bueno ambiental a un proyecto que en su origen ni siquiera contaba con conformidad legal.
La federación denuncia que la sanción impuesta, de unos 20.000 euros, resulta “irrisoria” si se tiene en cuenta que el delegado de la Junta en Zamora había anunciado públicamente multas de entre 24.000 y 240.000 euros. “Con una cantidad mínima, San Gregorio ha conseguido adelantar más de un año los trabajos de su macroplanta de biogás”, señalan desde el colectivo.
San Gregorio, recuerdan desde Zamora en Pie, es una empresa que ha recibido importantes contratos públicos a través de la sociedad pública SOMACYL, entre ellos el de la construcción del polígono industrial de Monfarracinos, por un importe superior a los nueve millones de euros. “Mientras las empresas amigas acumulan adjudicaciones y facilidades, los ciudadanos asistimos a un flagrante incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales”, lamentan.
Lejos de ordenar la restitución de los terrenos a su estado original o impedir nuevas actuaciones en la zona, la Junta ha optado por aprobar el expediente con aparente urgencia. Para Zamora en Pie, el mensaje que se lanza es “desolador”:
“Empresas sin escrúpulos del mundo, venid a Zamora: podéis empezar a construir sin licencia, arrasar con tierras de cultivo y, con suerte, acabaréis premiados con una autorización exprés”.
La federación denuncia además que desde la Administración se minimiza la gravedad de los hechos alegando que “no hay daño ambiental”, mientras el proceso de evaluación de riesgos industriales se convierte en “un mero trámite burocrático”.
“La Junta habla de transición justa, economía circular y descarbonización, pero en la práctica legitima actuaciones contrarias a la ley”, sostiene Zamora en Pie, que concluye asegurando que la administración regional ha elegido bando, y no es el de la gente.
