jueves. 28.03.2024
UGT - Asesoramiento laboral
UGT - Asesoramiento laboral

El salario mínimo interprofesional como eje central de las políticas sociales de las administraciones públicas. En un contexto económico incierto, las próximas elecciones municipales del 28 de mayo decidirán si la respuesta que se plantea desde los Ayuntamientos ante los distintos desafíos económicos, de empleo, de protección social, ambientales, tecnológicos, etc. supone una respuesta socialmente justa, centrada en promover una mejora y extensión de la protección a la ciudadanía, unos servicios públicos de calidad y una vida digna y plena para todas las personas trabajadoras.
La importancia de estas elecciones municipales, y su impacto en la clase trabajadora, hace indispensable que desde UGT exijamos que los municipios de España impulsen las políticas públicas necesarias para promover, dentro de un progreso social y
democrático, una vida adecuada para la ciudadanía en su conjunto.
Si concebimos el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de acuerdo al art 4.1 de la Carta Social Europea, como el derecho de las personas trabajadoras a tener «una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida
decoroso», estaremos de acuerdo que todas las personas que se encuentran en este nivel de percepción de renta, o inferior, deberán obtener de las administraciones públicas más cercanas, corporaciones Locales, la ayuda necesaria para alcanzar una
vida digna. La asistencia prestada por estas administraciones las convertirá en particularmente importantes para que las personas más vulnerables puedan cubrir necesidades básicas, como alimentación, ropa, transporte o vivienda. Para ello consideramos esencial el desarrollo de políticas locales basadas en: Proporcionar, gestionar y planificar prestaciones y servicios públicos que
tengan como referencia el SMI:
- Si la prestación económica (renta mínima) garantizara el percibo del SMI como ingreso mínimo que permite tener una vida digna: todas aquellas personas que perciban una cantidad igual o hasta un 50% superior deberían tener servicios, de calidad, gratuitos
o semigratuitos de los Ayuntamientos y Diputaciones.
- En el caso de que la renta mínima no alcanzase la cuantía del SMI: todas aquellas personas que perciban una cantidad inferior o igual al SMI deberían tener servicios, de calidad, gratuitos o semigratuitos de los Ayuntamientos y Diputaciones.
Acciones concretas de las administraciones  locales en relación  AL SMI:
1. La creación de un abono transporte social gratuito para todas las personas con ingresos iguales o inferiores al SMI.
2. La creación de un bono de alquiler del 30% de SMI (de 350 euros como mínimo,) con una duración de 48 mensualidades, para personas físicas cuya renta sea igual o inferior al SMI, que sean titulares o estén en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda o de habitación.
3. Creación de un banco de viviendas públicas en alquiler, cuyo precio de referencia sea el 30% del salario de la persona, destinado a familias con hasta dos veces el SMI.
4. Ayudas en libros de textos para niños y niñas en escuela pública y concertada, cuyos progenitores reciban ingresos iguales o inferiores al SMI.
5. Ampliar el parque de Escuelas Infantiles de a 0 a 3 años públicas y gratuitas, universales y de calidad con referencia al SMI. Establecimiento de cuotas progresivas a partir de 1,5 veces esa cantidad.
6. Digitalización de la gestión de los servicios y asuntos públicos con el fin de permitir una interacción más fácil y directa entre la administración y la ciudadanía, y la creación de apps que permitan la tramitación y gestión de prestaciones y servicios públicos.
7. Programa de formación, cualificación y orientación específico para personas que perciban el SMI o tengan de forma involuntaria un contrato a tiempo parcial.
La reducción del desempleo y la creación de empleo son dos principios fundamentales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por ello deben ser dos objetivos principales que orienten la política económica y de empleo de los Ayuntamientos y
Diputaciones. Medidas: Desarrollo del art.7 de la Ley de empleo, reforzando la dimensión local de ayuda a las personas desempleadas. Atención a las personas especialmente vulnerables con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo y a los que los efectos de las crisis les perjudica en mayor medida: jóvenes, mujeres, personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, inmigrantes, mayores de 45 años y demás colectivos con especiales dificultades de inserción o en riesgo de exclusión social. Los contenidos básicos de la concertación de la administración local en materia de
empleo deben basarse en los siguientes puntos: Compromisos y objetivos plurianuales de atención a personas desempleadas. Compromiso de soporte presupuestario. Participación sindical en la gobernanza. Evaluación anual de cumplimiento de los compromisos y de los resultados obtenidos.
La inclusión de cláusulas en la contratación pública que garanticen el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras.
Formación: Para el fomento de una política de empleo verde y una política de empleo orientada a una transición digital justa que favorezca la creación de trabajo estable, de calidad y decente y seguro, será ineludible para afrontar los retos económicos y laborales presentes y futuros .Dotar de la formación y seguimiento adecuado a personas con contrato a tiempo
parcial de forma involuntaria y a perceptores de SMI. Reducir a través de la formación la brecha digital y garantizar el acceso a todos los servicios para toda la ciudadanía, independientemente de su capacidad de acceder a ellos a través de herramientas digitales.
El peso del alquiler en España es uno de los más reducidos de Europa por lo que apostamos por un aumento importante dentro del cual será decisivo una proporción elevada que corresponda a Viviendas Sociales de alquiler. La creación de un parque significativo de viviendas sociales en alquiler debe venir de la mano de la construcción, y también compra, por parte de las corporaciones locales. Garantizar el Derecho Subjetivo a una Vivienda a toda la ciudadanía a través de contratos largos, control de alquileres y ayudas directas a jóvenes y familias con menos recursos en los que la percepción del SMI debe ser la piedra angular sobre
la que se pivote. Garantizar la alternativa habitacional a personas vulnerables víctimas de desahucio, independientemente que su origen sea por impago de hipoteca o alquileres.
Apostar por la gestión pública directa de los servicios sociales como una prioridad ante la privatización de su gestión. Hacer verdaderamente efectivo el derecho de las personas a percibir las prestaciones económicas y a acceder a los servicios, especialmente a la atención residencial y a centros de día. Mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector de la dependencia en centros o servicios de titularidad de la administración local. Reforzar las iniciativas locales que garanticen los derechos de la infancia y adolescencia a una alimentación adecuada, ocio y cultura en periodos vacacionales;
alcanzando a la totalidad de la población con carencias severas, de tal forma que se asegure su bienestar y se combata la pobreza infantil. Establecer e incrementar las ayudas de emergencia social, concebidas bajo los criterios de suficiencia y universalidad para las personas que no tienen recursos mínimos.
Desarrollar acciones específicas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades velando especialmente por aquellos grupos que presentan mayor discriminación como las personas con discapacidad. Internacional Destinar, como mínimo, el 0.7% del Presupuesto municipal a la Cooperación Internacional para luchar contra la desigualdad, la injusticia, la pobreza y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Así como acciones de concienciación y actuaciones específicas en aquellos lugares del mundo que más se necesitan, coordinadas con la sociedad civil y ONG ́s. Sobre los territorios afectados por la despoblación y el Reto Demográfico: DESARROLLO ECONÓMICO: Promover un modelo más resiliente, competitivo, social, digital, sostenible e innovador, que favorezca la fijación de la población. EMPLEO: Mejorar las condiciones laborales del empleo público, fomentar el emprendimiento y la productividad aprovechando las nuevas oportunidades de empleo. BIENESTAR Y COHESIÓN SOCIAL: Promover la cohesión económica, social y territorial, y la igualdad de oportunidades, garantizando servicios e infraestructuras
fundamentales. PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MEDIO: Empoderar al mundo rural y extender
 a perspectiva demográfica.
Ampliar la educación pública y gratuita a los niños y niñas de 0‐3 años.

Determinar una partida presupuestaria específica para los agentes sociales para implementar los Reales Decretos 901 de Planes de Igualdad y 902 de Igualdad Retributiva en las empresas y en las administraciones públicas. Prevenir y contribuir a erradicar toda situación de violencia contra las mujeres, coordinarse en la tramitación de las denuncias que se formulen en estas situaciones,
prestar asesoramiento jurídico gratuito a las mujeres e informar y actuar contra la violencia de género con acciones de prevención y sensibilización.

Desarrollo de planes que minimicen el uso abusivo de los recursos naturales. Fomentar la creación de herramientas que optimicen los recursos naturales. Desarrollo de planes estratégicos de reciclaje y de economía circular. Formación y concienciación de la ciudadanía en un uso responsable de los recursos y en facilitar una política de reciclaje tanto para el gasto de la administración local como en los hogares.
Ayudas para una transición ecológica justa que garantice el acceso a energías renovables y respetuosas con el medio ambiente.
Fomentar el uso del transporte público con reducción del coste por parte del usuario.
Fomentar el uso de la bicicleta creando o ampliando el parque móvil de uso público y dotando de infraestructuras para circular con ellas en núcleos urbanos.
 Ampliar los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
 Ampliar la presencia de la Industria fortaleciendo la renovación y ampliación de los polígonos.
 Avanzar hacia una Industria sostenible respetuosa con el medio ambiente y alineada con la economía circular.
 Desde UGT promovemos un sistema fiscal justo que permita combatir las
desigualdades recayendo la mayor contribución a los que tienen más posibilidades
de hacerlo. Fomentar un sistema de fiscalidad progresivo. Bonificar actividades dedicadas a la dependencia y cuidado de mayores.
El Diálogo Social y la participación ciudadana deben ser parte esencial del desarrollo de
las Políticas de los Municipios con el fin de favorecer la cohesión social y mejorar la confianza de las personas respecto a las Instituciones con las que conviven.
Los organismos que ayudan a resolver conflictos, a valorar el seguimiento en las
ejecuciones de Planes estratégicos municipales de carácter industrial, medio ambiental, formativo, etc, deben protegerse y dotarse de recursos.
Las organizaciones sindicales, empresariales, educativas, asociativas, y la ciudadanía en general debe ser informada y partícipe del diseño y ejecución de las medidas que se van a acometer en los municipios y diputaciones.

UGT crea un documento con propuestas para los partidos políticos que se presentan el 28M