Un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a dos agentes más, ha sido denunciado esta semana por presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial, prevaricación, dejación de funciones y auxilio, así como revelación de secretos y posible colaboración con una organización criminal.
Estas acusaciones se enmarcan en la instrucción del Juzgado Nº6 de Zamora, que investiga presuntos delitos relacionados con el sabotaje y la usurpación del proyecto de Biorrefinería en Barcial y La Robla, así como el fraude de subvenciones supuestamente solicitadas por terceros que se habrían apropiado del desarrollo. industrial de EA Green Energy, propiedad del ingeniero Vicente Merino Febrero.
Según las denuncias, la UCO había sido instruida para intervenir documentación específica sobre expedientes que la administración se había negado a entregar al juzgado, tanto previamente como bajo requerimiento judicial. Sin embargo, los agentes denunciados desobedecieron las órdenes durante siete meses de investigación, lo que ha llevado a una acusación de una trama corrupta que, según se indica, tiene la capacidad de influir en las más altas esferas del sistema, incluida la Comisión Europea.
Además, la OLAF (Agencia Antifraude de la Unión Europea) y el delegado de la Comisión Europea en España también han sido denunciados por supuesta desobediencia a las solicitudes del juzgado. A pesar del incumplimiento de las órdenes judiciales, la UCO presentó un informe de solo dos páginas recomendando al juez solicitar los expedientes por correo electrónico, un hecho que se califica de "bochornoso" y que, según los denunciantes, socava la administración de justicia.
La denuncia revela que, en lugar de proporcionar la información solicitada, los agentes presentaron una búsqueda de subvenciones en una página web pública, lo que no se relaciona con lo requerido. Este acto ha generado suspicacias sobre el intento de ocultar información clave que podría relacionar la trama con un nuevo desarrollo industrial que actualmente se está promoviendo en Castilla y León.
El colectivo que ha presentado la denuncia ha manifestado su preocupación por la gravedad de los hechos, afirmando que evidencian una decadencia del sistema y un riesgo para los pilares de la democracia. Además, han exigido respeto hacia la administración de justicia y los jueces, subrayando que no se rendirán hasta que se conozca la verdad detrás de este caso.
