La reunión anual de la Mesa sobre Trata de Seres Humanos en la Subdelegación del Gobierno ha dejado una radiografía clara de la prostitución que se ejerce en Zamora.
La pandemia ha derivado la prostitución a pisos particulares, un total de 46, la mitad en Benavente. Alcañices, al ser una población cercana a la frontera portuguesa es otra zona de riesgo, según el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.
En los dos últimos años, la Guardia Civil y la Policía Nacional han identificado a 32 víctimas de explotación sexual en 23 inspecciones en clubes de alterne, la mayoría mujeres paraguayas, un total de 10, y el resto colombianas y brasileñas.
Blanca Rubio, que preside la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), aumenta la cifra de víctimas a 133 personas, de ellas, 5 transexuales y un hombre. La mayoría, 75, ejercen la prostitución en la ciudad, y 58 en el medio rural.
La variación de cifras se debe a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden entrar en los pisos al ser particulares, mientras que la asociación tiene la entrada abierta gracias a su unidad de rescate.
Curioso resulta también la diferencia de edad entre las víctimas de explotación sexual identificadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Mientras la Benemérita ha "rescatado" a víctimas de entre 26 y 65 años, en el caso de la Policía son mujeres más jóvenes, de entre 18 y 41 años, según los datos ofrecidos por el subdelegado.
Blanco, que califica de "execrable" la trata de seres humanos, el tercer negocio ilegal más lucrativo tras el tráfico de drogas y de armas, insiste en que las víctimas de explotación sexual no deben tener miedo en denunciar, ya que "las ayudamos sean cuáles sean sus circunstancias y aunque no residan de forma legal en nuestro país".
El subdelegado también recalca la necesidad de potenciar la colaboración ciudadana para detectar la explotación sexual e insta a los ciudadanos que tengan conocimiento de que se está cometiendo este delito a llamar al teléfono gratuito 900 10 50 90. al 1-1-2, al 062 de la Guardia Civil o al 091 de la Policía Nacional.
En cuanto a la explotación laboral, el subdelegado del Gobierno apunta que se han detectado infracciones administrativas, principalmente, en los sectores agrario y cárnico.