Continúa la avalancha de cartas certificadas enviadas por la Junta de Castilla y León a los vecinos y vecinas que han presentado alegaciones contra los proyectos de macroplantas de biogás proyectadas en distintos puntos de la provincia.
En estos escritos, la Administración regional no entra a valorar el contenido de las alegaciones, sino que solicita a cada remitente que justifique su condición de “parte interesada” en el expediente, con un plazo de diez días para hacerlo. Una exigencia que, según denuncia la Federación ZAMORA EN PIE, puede dejar sin efecto muchas de las reclamaciones si los afectados no responden a tiempo o no saben cómo hacerlo.
La Federación ZAMORA EN PIE, una de las plataformas más activas en la oposición a este tipo de proyectos, califica la medida como una maniobra que “eliminará muchas de las alegaciones” y supone, en su opinión, “un nuevo obstáculo burocrático” para los vecinos. En su comunicado, la organización lamenta el “derroche de gasto” en correspondencia certificada y critica que la Junta “abra el camino a las empresas del biogás” en lugar de garantizar “un análisis y control estricto” sobre una industria “enormemente peligrosa” para el medio rural.
Desde la Junta de Castilla y León explican que este requerimiento forma parte del procedimiento administrativo ordinario, ya que no todas las personas que presentan escritos durante la fase de información pública tienen automáticamente la consideración de interesadas.
Mientras tanto, las plataformas vecinales continúan organizándose para asesorar a los afectados. "ZAMORA EN PIE" ha difundido modelos de respuesta y recuerda que los escritos pueden presentarse mediante certificado digital o a través de los registros municipales, judiciales o provinciales.
El conflicto en torno a las plantas de biogás sigue así sumando capítulos en Zamora, donde el rechazo vecinal se extiende por distintas comarcas ante la sensación de que los proyectos avanzan con más apoyo institucional que consenso social.
