El colectivo ciudadano, personado como acusación popular en la causa abierta en el juzgado nº 6 de Zamora y que instruye el ya conocido como "Caso Barcial" ha presentado un escrito solicitando la comparecencia del ex Director General de Industria, Alberto Burgos Olmedo, como investigado por un presunto delito de extorsión.
A modo de ver de nuestro colectivo existe documentación que acredita, de forma suficiente, que se han producido los elementos del tipo, tanto objetivos como subjetivo, de un presunto delito de extorsión (en concurso con otros presuntos delitos, algunos de ellos continuados en el tiempo), además e igualmente, los inversores intimidados, una importante multinacional, manifestaron que las conversaciones e intermediación con la Junta de Castilla y León se realizaría con dicho cargo, puesto que la propia administración había establecido, de forma oficial, como competente e interlocutor válido.
Por otra parte, durante estos últimos días, nuestro colectivo se ha hecho eco de que la multinacional presuntamente intimidada y que tenía intención tanto de invertir como de construir la Biorrefinería de Barcial del Barco acaba de anunciar que invertirá y construirá una Biorrefinería similar en Paraguay.
Los hechos no pueden ser más graves, tal es así que desde la Plataforma volvemos a solicitar que se depuren responsabilidades políticas. Los daños supraindividuales son incuantificables, además se están atacando derechos fundamentales de una democracia, entre ellos la libertad.
Nuestro colectivo quiere solicitar, de forma pública, una comparecencia del Presidente de la Comunidad, el Señor Alfonso Fernández Mañueco para que dé explicaciones a la sociedad, no sirve lo de esconderse en la hura, los hechos son de extrema gravedad.
Igualmente, volvemos a solicitar al PSOE de CyL que cumpla su palabra y solicite la constitución de una Comisión de Investigación, en las Cortes de Castilla y León, de los hechos acaecidos (desde 2008) en este plan industrial.
Por otra parte, también le instamos a que explique a qué se debe la retirada, a última hora, de una pregunta que en teoría iba a ser realizada en el pleno del pasado martes y que finalmente realizó la procuradora Alicia Gallego, de Unión del Pueblo Leonés.
